Una vez que los senadores, con 98 votos a favor y 22 en contra aprobaron la revocación del mandato para la presidencia del país y las gubernaturas, la vicepresidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso local, Patricia Mass Lazos, consideró que este proyecto también debe abarcar a los ayuntamientos y las legislaturas, a fin de erradicar la ineficiencia gubernamental.
De acuerdo con la discusión que se ha generado en la Cámara Alta, el Instituto Nacional Electoral (INE) será el organismo encargado de llevar a cabo la consulta popular, sin que el proceso tenga que ver con las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en algunas entidades federativas en el 2021.
La idea, como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con el poder que tiene el pueblo para quitar o poner servidores públicos.
Aunque la parte del gobierno en turno ha señalado que en ningún sentido tiene un trasfondo de reelección, la consulta a los mexicanos sólo se podrá hacer una vez que hayan pasado los primeros cuatro años de gobierno de la administración federal o estatal.
Mass Lazos se pronunció a favor de la aprobación y no ve ningún inconveniente para que la ciudadanía esté en condiciones óptimas para valorar qué servidores públicos se van o se quedan en la administración.
“Qué más quisiéramos que fuera una democracia por unanimidad, siempre va a ver una parte que, a lo mejor, no esté contenta por varias cosas. Me parece bien que se abarque -en las consultas populares- los congresos locales y la presidencias municipales”, recordó.
No obstante, puntualizó, cada administración en cuestiones legales lleva a cabo modificaciones, derogaciones o reformas a la Constitución, pero confió en que la nueva ley no tenga candados u obstáculos que frenen su implementación.
Finalmente, confió en que la población cuenta, ahora, con toda la información necesaria para que, en caso de que se lleve a cabo la consulta popular en los próximos años, pueda decidir si el presidente del país o los gobernadores en turno tienen que dejar sus cargos por ineficientes o porque no cumplieron los compromisos de campañas.