A pesar de la resistencia que tienen grupos a fines al Concejo Municipal de Chalchihuitán -que encabeza Sara Núñez Sánchez-, los integrantes del antiguo Cabildo sí regresarán a trabajar y se reactivará la figura del ayuntamiento en la zona en los siguientes cinco días como fecha límite, debido a que así lo ordena el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Chiapas.
“Una resolución tiene que ir más allá de lo que marque un esquema jurídico, es muy importante la gobernabilidad, nosotros estamos ayudando en eso”, aseguró.
El diputado local comentó que se han reunido con diferentes grupos del municipio y les han explicado que la resolución del TEPJF no depende del Congreso y no está sujeto a interpretaciones, “los funcionarios tienen que acatarla”.
Con relación a las acusaciones que hizo el consejero jurídico en Chalchihuitán, José Francisco Hernández Gordillo, quien señaló que cuatro de los regidores avalaron la Cuenta Pública 2018 con un desfalco superior a los 70 millones de pesos, Toledo Cruz respondió que si no existe una sentencia de alguna autoridad judicial, se trata de una situación aislada y no frenaría que recuperen sus cargos.
Desvió en el recurso
Sobre el supuesto desvío en el ejercicio del recurso público, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que no se puede “obviar el haber cometido algún delito y vamos a guardar en la gaveta, creo que se le tiene que dar seguimiento”.
Lo que ordena el TEPJF es que los regidores -quienes presentaron su queja en los organismos jurisdiccionales- se instalen y, si los funcionarios tienen responsabilidades administrativas, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que emita las sanciones.
El Congreso de Chiapas está obligado a realizar la parte legislativa en el Pleno e instalar el Cabildo, pero será responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno la dependencia responsable de que exista gobernabilidad, debido a que los grupos se están disputando el poder.
Finalmente, la exalcaldesa y el exsíndico no entran dentro de la sentencia del TEPJF, debido a que enfrentan un desfalco superior a los 70 millones de pesos (datos arrojados por la Auditoría Superior del Estado) y están en un proceso jurídico en la cárcel.
