Jesús Morales, director de Saneamiento del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), expuso que, los tuxtlecos concretamente, no tienen la conciencia de evitar hasta cierto punto la contaminación de los 21 afluentes y el propio río Sabinal, el cual desemboca directamente en el río Grijalva.
Lamentablemente una situación que está arraigada en la sociedad es el verter desechos que son altamente contaminantes, como aceites y otros residuos de cocina, así como animales, que ocurre principalmente en los afluentes.
La basura y el pet son los desechos que en teoría no debería llegar a estos cuerpos de agua, ya que son desechos de uso diario, lo que habla de la poca cultura de la limpieza de la sociedad.
Remarcó que Tuxtla es el único municipio de Chiapas que realiza el tratamiento de aguas, incluso en el caso del trabajo de la Planta Tuchtlán, recurso natural que tratado puede ser utilizado para riego o procesos de construcción.
En cantidad, se traduce en que cada tres segundos se tira una pipa de agua tratada al río Sabinal, lo que ayuda para que el mismo no presente una mayor contaminación.
Otra cuestión son las descargas clandestinas, un tema que tiene mucho que ver con la contaminación de los afluentes como el Totoposte, Colón, Juy-Juy, que al final de cuentas son conducidas al mismo mar.
En este sentido, destacó que las plantas de Paso Limón, Copoya, Tuchtlán, Tres Marías y El Jobo funcionan los 365 días del año, pero resulta insuficiente cuando la población sigue cometiendo malas prácticas.
Expuso que si bien es cierto que el Sabinal no es un río que pueda estar a punto de secarse, el hecho de que pueda estar altamente contaminado, es el equivalente a tener un río muerto; sin embargo, los responsables directos de esto son los pobladores, por no pensar en el medio ambiente y las consecuencias de no cuidarlo.
La urbanización también es otro de los principales factores por el cual diversos arroyos, fuentes de agua y ríos han mermado en su capacidad, esto para ser utilizados para usos domésticos y eléctricos.
Historia
Un ejemplo de la urbanización ha sido Tuxtla Gutiérrez, sostuvo José Luis Castro Aguilar, cronista de la ciudad, quien detalló que en sus inicios en 1560, esta fue fundada en la margen derecha del río de Los Sabinos (hoy río Sabinal) y en la margen izquierda del arroyo Jotipak (arroyo del Zope, hoy embovedado).
El río Sabinal era tan grande que su origen partía desde el municipio de Berriozábal, bajaba por una cañada y su cauce atraviesa por el norte de la ciudad de poniente a oriente, hasta desembocar en el río Grijalva, después de haber recorrido 21 kilómetros.
Este río concentraba más de 21 arroyos: del lado sur Cerro Hueco, El Zapotal o Santa Ana, Pojpón o arroyo Seco, San Roque, Jotipak o El Zope, de Guadalupe o de San Pascualito, La Carbonera, Jamaipak o La Calera, Penipak o El Arenal y La Laguna; y del lado norte San Agustín, La Chacona, Lupanospak o Pomarrosa; Potinaspak, Colón o El Potí; San Francisco Sabinal, San José, Totoposte, 24 de Junio, etcétera.
Además, la ciudad se fundó en el denominado Valle Tuchtlán. Castro Aguilar afirmó que el afluente del mismo nombre tenía 11 arroyos: Cachotopak, Capetecjopak, Factaccosok, Jamaipak, Jotipak (arroyo del Zope), Penipak, Pistimbak, Pojpón, Popombak, Potinaspak (arroyo de Cascajos) y Yucucupak.
Esta gran diversidad de afluentes fue cada vez más en decadencia, en primera por la demanda de agua, segunda por la contaminación y por último, por el temor a inundaciones.
Castro Aguilar añadió que el cambio en el uso del suelo, construcciones de casas, reorientación del curso tanto de aguas superficiales como naturales, rellenos de cauces, etc., aunado a la falta de suficientes drenajes pluviales, ha provocado el desbordamiento de los arroyos tuxtlecos.
En estos momentos, el cronista externó que ante la falta de drenes pluviales, cada calle y cada avenida pavimentada, como ya se dijo, se convierten en nuevos afluentes, en más de 150 nuevos arroyos que van a dar sus aguas directamente al río Sabinal, el único y gran drenaje de Tuxtla Gutiérrez.
El cronista manifestó que se necesita un plan emergente que contemple el desazolve de los 21 arroyos, en particular de los canales pluviales embovedados; la construcción de 60 drenes pluviales que capten y desalojen el agua que el río Sabinal no puede absorber, para que auxilien a los actuales cuatro embovedados; hacer una intensa campaña entre la población para disminuir las 550 toneladas diarias de basura que se producen en Tuxtla Gutiérrez.
Monitoreo
Existen 254 puntos de monitoreo en ríos de Chiapas, de estos, el cinco por ciento está contaminado pero no “fuertemente”, a diferencia de estados del norte y Tabasco, por ejemplo.
Los estudios los realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que es el organismo rector de las aguas nacionales, el cual monitorea ríos, pozos, lagunas e incluso playas, en donde el Inesa colabora en conjunto con esta dependencia.
Algunos de los parámetros generales para determinar la calidad del agua son varios, como por ejemplo: demanda bioquímica y química de oxígeno, coliformes fecales, sólidos suspendidos totales, metales pesados, porcentajes con relación de oxígeno y toxicidad.
Sin embargo, Gerardo Moguel Espinosa, director de Saneamiento y Calidad del Agua del Instituto Estatal del Agua (Inesa), externó que los ríos grandes de la entidad tienen la gran ventaja natural de tener la capacidad de disolución de los contaminantes que en otros lugares no se da.
Legislación
Diversos organismos de la sociedad civil han solicitado en los últimos años reformar la Ley de Aguas del estado, para regular de manera más estricta la explotación de los recursos hídricos en la entidad, mejorar el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, contar con mejor infraestructura hidráulica, de tal forma que se garantice la protección de ríos y lagos.
Sin embargo, la pasada legislatura del Congreso del Estado, a pesar de que recibió una iniciativa de ley que constaba de ocho títulos, 29 capítulos y 240 artículos, de la diputada María Elena Culebro Villatoro, en ese entonces presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, esta se quedó en la “congeladora” sin analizarse.
La idea era armonizar la legislación local con la nacional, de manera que se garantizará la planeación, uso, aprovechamiento sustentable, preservación, recuperación de la calidad del agua, así como el control y suministro de servicios públicos.
Establecía también un cambio del Instituto a Comisión Estatal del Agua (CEA), la cual contaría con las facultades para la promoción de los programas en materia hídrica, con autonomía y que estaría descentralizada de la administración estatal. Esta sería la encarga de establecer los mecanismos para el consumo humano, agropecuario y hasta industrial.
Actualmente en el recinto legislativo, el diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso, afirmó que trabajan en un proyecto de Ley de Aguas del estado con lo que se busca fortalecer al Instituto Estatal del Agua y garantizar la conservación de los recursos hídricos de la entidad.
Especificó que se trata de darle mayores atribuciones a dicho organismo estatal, para que mejore la calidad del agua, la distribución, incluso que pueda de manera más calificada mejorar la infraestructura hidráulica, supervisarla y sobre todo autorizarla.
Ante la falta de trabajo legislativo, un grupo de académicos, investigadoras, instituciones y sociedad civil de Chiapas y otros estados del país, presentaron ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas respaldada por 160 mil firmas.
Entre los principales objetivos estaba el enfrentar el sobreconcesionamiento y la contaminación impune en cada territorio del país, además restaurar los derechos de los pueblos indígenas y núcleos agrarios.
Contempla también establecer criterios de sustentabilidad que sirvan como una condición para el otorgamiento de concesiones de aguas nacionales, así como de democratizar y transparentar la administración de los sistemas municipales.
La Ley de Aguas vigente, en su artículo 99, reformado en el 2010, establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal por particulares, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, se realizará mediante concesión otorgada por el Ejecutivo del estado.
El plazo de la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas estatales no será menor de veinte ni mayor de cincuenta años.