En las cuencas Grijalva y Usumacinta que atraviesan Guatemala, Belice, Chiapas y Tabasco se enfrenta una problemática social, hídrico y ambiental bastante compleja, derivado a que históricamente ha prevalecido un modelo económico extractivista de madera, petróleo, electricidad, minerales, agricultura, por agroexportadoras de alimentos y otras actividades.
También ha regido una política sectorialista, es decir, no integrada; desde mediados del siglo pasado, la Comisión del Río Grijalva y ahora la Conagua opera con una tecnocracia dominante, que se rige por un paradigma hidráulico de grandes obras como represas y control de cauces.
Con un exacerbado centralismo en la administración del agua donde los consejos de cuenca han sido actores muy marginados. Este modelo ha sido generador de subdesarrollo, pobreza y alta vulnerabilidad social al riesgo de desastres.
Lo anterior lo dio a conocer Luis Rey Carrasco, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, durante el foro “Nueva Ley General de Aguas, expectativas desde las cuencas Grijalva y Usumacinta, en el sureste mexicano”, en el que participaron conferencistas de Guatemala, Chiapas y Tabasco, legisladores federales.
Además de factores de índole natural, dijo que también la región enfrenta causas antropogénicas, principalmente severos procesos de deterioro de los ecosistemas, combinado con el efecto del cambio climático que genera eventos meteorológicos extremos.
Esta problemática se refleja en inundaciones catastróficas, sequías, escasez de agua, contaminación de diversa índole, principalmente en Chiapas y Tabasco.
Mencionó que en tres décadas, de 1980 a 2010, el uso agropecuario de ambas cuentas creció de un 25 al 43 por ciento; en cambio, los bosques y selvas se redujeron de un 65 a un 48 por ciento, lo que refleja una severa pérdida de biodiversidad y servicios ambientales. El principal reto es pasar a un modelo sustentable.
En el ámbito nacional e internacional, el derecho humano al agua y saneamiento es el eje de una política que debe prevalecer. México tiene grandes compromisos y desafíos para cumplir con los acuerdos y metas establecidas en tratados internacionales, a fin de garantizar dicho derecho.
Esto da sustento para avanzar hacia una ley general de aguas, que en la reforma constitucional estableció que para el 2013 se debía tener, pero han transcurrido más de siete años y no se ha concretado, ya que hay una corriente que pretende mantener la misma política centralizada para el control de las aguas.