"El término ""robachicos"" tiene décadas de existencia. Niños y niñas han sido robados desde hace muchos años para darlos en adopción, obligarlos a prostituirse o explotarlos laboralmente. Lo nuevo, lo reciente, es la evolución de esa industria. Como cualquier otro negocio en este mundo capitalista, el de la trata infantil ha pasado de ser una actividad de pequeños proveedores dispersos a una industria de multinacionales con temible capacidad de fuego.
Las células de los cárteles del narcotráfico diversifican sus fuentes de ingreso y se trasladan a ámbitos donde pueden hacer negocio más fácil. Uno de esos nuevos giros es la trata de infantes. La llegada del crimen organizado -grupos de corte paramilitar- a la piratería, el robo hormiga a Pemex, el plagio de menores, entre otros delitos del fuero común, representa una amenaza para el país porque sobrepasa las capacidades de respuesta de las autoridades municipales y estatales encargadas de combatir esa clase de delitos.
El año pasado la Unidad de Investigación Cibernética de la Procuraduría de Justicia del DF investigó y arrestó a una red de pornografía infantil cuyo líder es sacerdote. ¿Habría podido tener éxito la operación si la banda hubiese sido dirigida por el lugarteniente de un cártel? Al menos habría sido mucho más difícil.
Una solución temporal sería federalizar los delitos, pues la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal están mejor capacitadas para enfrentar al crimen organizado; sin embargo, ¿qué tanto pueden hacer menos de 10 mil policías federales frente a empresas transnacionales del crimen con cientos de miles de empleados y cuyas actividades se diversifican cada vez más? Pasaría poco tiempo antes de que los delincuentes migraran hacia nuevas pasturas.
Aun sin el involucramiento del crimen organizado, el combate a la trata de niños ya es ineficiente o, de plano, inexistente en México. Ni siquiera hay una base de datos oficial que registre el número de niños desaparecidos, tampoco un sistema de alerta temprana que en otros países ha demostrado hasta 90 por ciento de éxito en la recuperación de los menores sustraídos.
¿Por qué no empezar por ahí? Tomando conciencia de que este negocio del hampa es quizá el más lesivo para la sociedad. Urgen diagnósticos y políticas públicas hasta hoy inexistentes. Negar el problema o minimizarlo no lo hará desaparecer. (El Universal)
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