Jorge “N” refirió que a inicios de diciembre acudió a una sucursal del banco Banorte localizada en el bulevar Ángel Albino Corzo y a partir de ahí comenzó a recibir cargos a su cuenta de débito, sin que él haya realizado movimiento alguno.
Señala que cerca del 10 diciembre acudió a la sucursal bancaria para que le activaran la aplicación de banca móvil, un empleado del banco le comentó que su equipo telefónico estaba en condiciones ideales para activar la aplicación, pero optó por no aceptar porque al siguiente día compraría un equipo nuevo.
El día 11 de diciembre adquirió un nuevo equipo telefónico y recibió un primer mensaje con un cargo que desconocía, por la cantidad de 100 pesos.
A lo largo del mismo día y durante los siguientes días, recibió una serie de mensajes con la notificación de cargos por más de nueve mil pesos.
Ya que eran días en los que los bancos no laboran y se atravesó el fin de semana no pudo hacer mucho para conocer lo que ocurría con su cuenta bancaria, sin embargo, a inicios de la semana siguiente acudió a la sucursal bancaria del norte-poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y pidió una explicación.
En el lugar le otorgaron varios formatos que debió llenar y le dieron un número de teléfono para conocer la solución de su situación, por lo que le pidieron que debía contactarse durante los siguientes cinco días hábiles.
Al paso de los días, el hombre llamó al número de contacto y la persona que le respondió se limitó a decirle que su caso no era procedente y que la institución bancaria no se podía hacer cargo de los gastos no reconocidos.
En consecuencia, Jesús “N” acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, pero el lugar está fuera de actividades hasta el día 6 de enero, según señala un documento colocado en el exterior del edificio.
Jesús “N” señala que espera que su situación sea resuelta y no se vea afectado en su patrimonio, puesto que es un hombre jubilado y depende de ese dinero para su manutención.
Cabe destacar que el pasado 11 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que cuando el titular de una cuenta de depósito de dinero denuncie retiros no autorizados mediante el uso de tarjeta de débito, la institución bancaria debe retribuir las cantidades retiradas y, en caso de no hacerlo, pagar intereses ordinarios y moratorios por el retraso en que incurra a razón del seis por ciento; pues en el contrato de depósito de dinero el depositario tiene un deber de cuidado sobre el dinero que le entrega el depositante.
La SCJN señala que si alguien distinto al titular de la cuenta realiza un cargo que éste no reconoce y le genera un daño en su patrimonio, es posible presumir un descuido y, por ende, la obligación del depositario de responder al depositante, lo que lo coloca en una posición de deudor frente al cuentahabiente-tarjetahabiente acreedor.
