Este martes en la capital chiapaneca, un grupo de abogados realizó la presentación de la Asociación Nacional de Abogados y Peritos Independientes (Anapi).

Jesús Iván Robles González, presidente de la Comisión Nacional de Abogados y Peritos (Conapi) en Chiapas, explicó que la Fiscalía General del Estado, en un 90 por ciento de los casos son en flagrancia, la policía detiene a un sujeto y se pone a disposición del Ministerio Público; es muy poca la capacidad de investigación y esto deriva en personas encarceladas sin llevar un debido proceso.

En contraparte, dijo que como agrupación, “en lo que podríamos abonar es en dar asesorías a las víctimas de estos delitos donde hay grupos vulnerables que son violentadas, víctimas de feminicidio”.

Contextualizó este tema informando que de acuerdo con la Red de Familias Víctimas de Feminicidio, en Chiapas se han registrado cuatro casos de feminicidas que han sido puestos en libertad por una mala integración del expediente, lo que deja a las víctimas indirectas sin acceso a la justicia.

“La mínima que dan por feminicidio es de 25 años y la máxima de 65, porque se está juzgando en el tiempo que fueron los hechos; fue en el 2016, entonces está dentro de la mínima”.

Sin embargo, no sólo existen casos de feminicidas puestos en libertad por una mala integración de la carpeta de investigación, también hay personas en prisión que llevan años a la espera de un juicio y que no cuentan ni siquiera con una sentencia.

Otro tema ha sido recurrente en el estado: indígenas que han sido encarcelados por firmar una declaración que no estaba en su lengua materna por la falta de un defensor de oficio en lengua indígena.

“También se dan casos de personas que han sido encarceladas por fabricación de delitos que no cometieron, como el maestro Alberto Patishtán, que fue liberado por un indulto presidencial”, expresó.

Ante ello, esta agrupación manifestó su disposición para trabajar en conjunto con las autoridades para tener los mejores resultados.