"Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social en 2005, se deslindó de cualquier desviación de recursos de la reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán ""Stan"" al aclarar que no manejó un peso porque únicamente operó en la emergencia como enlace para que se canalizara el dinero al Gobierno del Estado que encabezó Pablo Salazar Mendiguchía.
En una reunión que sostuvo ayer en Tapachula en la que dialogó con manifestantes que portaban pancartas en las que responsabilizaban al presidente de la República si Pablo Salazar queda impune tras el fraude que ha sido cuantificado en 11 mil millones de pesos del que ha sido acusado reiteradamente por el Frente de Damnificados por el huracán Stan, la actual diputada federal se sumó a la demanda de que se aclare el paradero de esos fondos. Sostuvo que se debe castigar a los responsables ""sea quien sea"".
El tema de la impunidad en el caso Stan, como se ve, ha comenzado a contaminar las actividades que realizan diversos actores. Éste es el más reciente, pues la legisladora no vino a Chiapas a hacer aclaraciones o deslindes, sino a realizar diversas actividades, entre las cuales se programó una rueda de prensa sobre su trabajo, se supone, en el marco de sus aspiraciones a la candidatura del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República. Y aquí fue interpelada porque a los legisladores en general les han pedido que den trámite a las demandas de juicio político instauradas en contra del ex gobernador Salazar desde el mes de julio del 2007.
En el mismo evento de la diputada, hubo alusiones al presidente Felipe Calderón por el mismo tema relacionado con la impunidad de que ha gozado hasta ahora Pablo Salazar, ya que ante la Secretaría de la Función Pública hay seis denuncias interpuestas por los damnificados que esperan respuesta hasta el día de hoy.
Así también, semanas atrás, la actual procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, había sido apercibida por el mismo grupo damnificado, para que a la brevedad consigne la averiguación (PGR-TAP-III-11/2009), por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, abuso del servicio público, violación a los derechos humanos y los que resulten, y otras más.
Como se ve, mientras las autoridades no resuelvan la demanda de los damnificados chiapanecos en contra de Pablo Salazar, los actos y actividades que vengan a realizar a Chiapas seguirán contaminándose por la rabia que sienten quienes fueron engañados por ese ex gobernante.
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