A partir de este año entró en vigor la reforma laboral por la que se aumenta los días de descanso o vacaciones a los que tiene derecho todo trabajador después de un año de laborar en una empresa, pero se debe conocer a detalle cómo aplica para ejercer de forma adecuada este derecho.
José Manuel González Iniesta, licenciado en Derecho, comentó que es una buena reforma laboral, ya que busca aumentar el derecho de las vacaciones con el supuesto relacionado a la psicología y sociología de que un trabajador con más días de descanso, por cada año laborado, será más productivo y feliz.
Detalló que la reforma al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el aumento de vacaciones será aplicado a los trabajadores que cumplan años laborados en este 2023, uno, dos o más años. Podrán tomarlas de forma continua, o bien, con previo acuerdo con el patrón de hacerlo en dos periodos según le convenga.
Un punto importante es que no son retroactivas, eso quiere decir que si el año pasado (2022) un trabajador no tomó sus vacaciones y desea hacerlo este año, juntando ambos periodos, eso no es posible.
Existe la figura de prescripción en la ley, la cual establece que después de un año se pierde el derecho, al igual con el reparto de utilidades y otras prestaciones.
Reformas legales
El también maestro en Derecho Laboral y doctor en Derechos Humanos y litigación oral, manifestó que la justicia laboral en México ha tenido varias reformas, las cuales están plasmadas en dos leyes federales del trabajo, la de 1931 y 1970, esta última es la que nos rige actualmente.
Desde que se promulgó la ley de 1970 no se había dado una reforma en materia de vacaciones, se mantenía en seis días a partir del primer año de trabajo, sumándole dos días por cada año trabajado, hasta el tope de cinco a nueve años con 14 días.
Consideró que esta reforma tardó tanto porque no hubo el suficiente interés por parte de los gobiernos anteriores, ya que sí hubo propuestas al ser de partidos opositores, estas eran enviadas a la “congeladora” en el Congreso.
Si bien el sector empresarial ha pesado en algunas tomas de decisiones en el pasado, es un hecho que existen figuras jurídicas que permiten al gobierno implementar nuevas políticas, lo que sin duda fue aplicado esta vez.
