Uno de los problemas más importantes que enfrenta el municipio de San Cristóbal de Las Casas en materia de movilidad se vincula de forma directa con el pirataje, debido a que el 70 % de las unidades otorgan el servicio sin tener una sola concesión o permiso avalado por la autoridad, dijo Gilberto Ángel Hernández Domínguez, secretario de la Sección 2 de la Alianza del Autotransporte.
Entrevistado sobre el tema, manifestó que en el caso de los colectivos son más unidades “piratas” las que operan que concesionadas, es decir, existe una afectación directa para 32 rutas por la llegada de vehículos irregulares.
En ese sentido y con la nueva Ley de Movilidad aprobada, pidió a las autoridades a que apliquen el Estado de derecho para corregir este problema en una de las ciudades más importantes de la entidad y que alberga al mayor número de visitantes.
“Estamos hablando de unidades de colectivos alrededor de 452 concesionadas, pero hay casi 600 unidades ‘piratas’, son 12 rutas que han afectado demasiado”, relató el líder transportista en la ciudad coleta.
Al cuestionar las razones que han propiciado la proliferación del pirataje, comentó que es el desorden (y no la falta de servicios) y que está aumentado por la intercesión de las organizaciones; los empresarios legalmente establecidos, cada 10 años tiene que renovar los carros, situación que no hacen los que andan en vehículos “piratas”.
“Allá son unas chatarras la mayoría, hay muchos que han podido invertir en unidades ‘piratas’ pero son pocos”. Según lo señalado, son 12 grupos las que han fomentado todo el transporte irregular en la zona Altos de Chiapas.
Lo preocupante de la situación, explicó, es que se han originado enfrentamientos entre concesionados y los “piratas”; el último del que se tiene registro, mencionó, fue hace tres meses y pararon los problemas por la llegada de la pandemia, pero la irregularidad en el sector continúa.
El transportista detalló que las autoridades prometieron un “Operativo Grande”, que involucraba a varias instituciones de gobierno, sin embargo, no se han registrado acciones significativas para castigar a los responsables de meter unidades sin permiso, y tampoco los vehículos son llevados al corralón.