Durante el 2017 en Chiapas fueron revisados 28 mil millones de pesos que correspondieron al ejercicio público, a través de 202 actos de fiscalización, aseguró el titular de la Contraloría General en el estado, Humberto Blanco Pedrero.
A través de la comparecencia que forma parte del quinto informe de gobierno, precisó que también se han hecho 60 revisiones, donde se están identificando oportunidades de mejora en los controles internos de las dependencias.
Por tercer año consecutivo, Chiapas logró el 100 por ciento del cumplimiento, en la presentación de la declaración anual de modificación patrimonial y de posibles conflictos de interés.
Acompañado de los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, dijo que se han aplicado cuatro mil 600 sanciones administrativas en contra de tres mil 400 servidores y exservidores públicos, pero aún se tiene que continuar con el fortalecimiento de los esquemas de prevención y control.
Exhortó a los funcionarios a ser ejemplo de honestidad ante la sociedad, dentro y fuera de sus trabajos, para garantizar los principios básicos que rigen el servicio público.
Recordó que en el 2017, Chiapas avanzó en la modificación de sus leyes respecto a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y se trabajó en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Explicó que en un periodo de ocho meses se solventaron en un 80 por ciento las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el 50 por ciento de la Función Pública.
Sismo
Al referirse a las denuncias que realizaron damnificados por el sismo del pasado siete de septiembre sobre casos de fraude, comentó que se iniciaron demandas penales por actos ilícitos en la entrega de recursos y fueron enviados más de 130 auditores, Contralorías Sociales y los Comités para realizar los procedimientos correspondientes.
Destacó que al inicio de la crisis muchas de las tarjetas de Bansefi, fueron clonadas, sobre todo en el municipio de Cintalapa, de tal manera que se realizaron las demandas correspondientes ante la Procuraduría General de la República y junto con la institución bancaria y los procesos jurídicos continúan hasta llegar a sus últimas consecuencias, contra quien resulte responsable del delito de fraude.
