El Congreso del Estado aprobó imponer sanciones a quienes de manera indebida acaparen, oculten o retiren del comercio para su venta artículos de primera necesidad o de consumo cotidiano, con el objeto de provocar el alza de precios, como ocurrió en los primeros meses de la pandemia en la entidad con los insumos médicos.
Al respecto, la diputada María Elena Villatoro Culebro, presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia, indicó que también se sancionará la venta con inmoderado lucro y la suspensión de la producción y distribución de alimentos.
Lo que accionaron, enfatizó, es lo vinculado a los delitos contra la economía pública estatal que contempla el Código Penal para el Estado de Chiapas, a efecto de tutelar el derecho a la integridad, salud y el bienestar de la población.
Se establece, de esta forma, sancionar hasta por seis años de prisión y la cancelación de la licencia respectiva a quien incurra en estas actividades.
Hay que recordar que durante varias semanas la demanda de oxígeno creció en la entidad, por lo que surgieron en redes sociales anuncios de revendedores que ofrecían los tanques hasta tres veces por arriba de su precio; asimismo, con algunos insumos como cubrebocas, gel antibacterial y alcohol.
La legisladora enfatizó que no existe justificación para realizar acciones especulativas y de abuso, ya que los precios de los combustibles se han mantenido estables y la inflación está controlada. Por ello, la iniciativa aprobada busca evitar un daño mayor a la economía de los chiapanecos.
El asunto es de gran relevancia porque se atraviesa un momento complicado, tanto en la parte sanitaria como económica, siendo la población más vulnerable la que resiente con toda su fuerza el desempleo, la enfermedad y la deses-peranza.
Todo esto se refuerza con el hecho de que esta dinámica no es de ahora, debido a que México ha tenido en los últimos 36 años un incremento de la desigualdad económica, la cual se ha traducido en un incremento considerable de la pobreza y la miseria.
La pérdida del valor adquisitivo en los últimos 30 años, medida por la canasta básica, es de 80.08 por ciento. Hace tres décadas el salario mínimo alcanzaba para comer; conforme avanzan los meses la situación se agudiza.
La diputada aprovechó para exhortar nuevamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a que incremente sus tareas de supervisión del comportamiento comercial para que todas las instancias protejan a la población.
