Más de tres mil habitantes de las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios de Pantelhó tomaron el pueblo, incendiaron casas y vehículos, saquearon tiendas e hicieron replegar varias cuadras a elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías estatales que mantenían el control desde el 7 de julio.
La cabecera municipal amaneció como una zona de guerra con el humo saliendo de varias de las aproximadamente 20 viviendas incendiadas, vehículos calcinados -dos ambulancias y una patrulla, entre ellos-, las calles llenas de basura de los productos saqueados, sillas, mesas, muebles, zapatos, ropa y sin energía eléctrica, pero no se reportaron muertos ni lesionados.
“Estos hechos sucedieron porque la gente se ha cansado de tanta humillación, asesinatos y violencia; fueron porque dejamos de soportar todas las extorsiones de parte de los sicarios, de Dayly de los Santos Herrera Gutiérrez, con el apoyo del Ayuntamiento (perredista) y de Raquel Trujillo Morales”, el alcalde electo, dijeron los inconformes.
“Aquí no hay seguridad, paz ni tranquilidad, sólo miedo, llanto, temores, extorsiones, intimidaciones y ya ni hablar de la corrupción. El 26 de julio entramos a la cabecera a hacer justicia nosotros mismos, a catear las casas de los asesinos y narcos, no de la gente que es inocente, ni de las familias que han sido extorsionadas por estos delincuentes”, mencionaron en un comunicado.
“Antes hemos pedido el apoyo de las autoridades, pero nunca nos han hecho caso, nunca nos han tomado en cuenta. Nuestras autodefensas del pueblo no tienen nada que ver en el movimiento, sino que fue decisión de la gente, de todo el pueblo, de las 86 comunidades indígenas y los 18 barrios”, agregaron.
Los destrozos sucedieron la tarde del lunes cuando los aproximadamente tres mil pobladores exigían a la Fiscalía General del Estado que cateara las viviendas que según ellos, son propiedad de los “sicarios”, pero la dependencia se negó con el argumento de que necesita una orden del juez.
Ante su negativa, una turba enardecida de hombres con machetes y palos ingresó a las casas, saqueó tiendas y quemó varios vehículos, entre ellos dos ambulancias y una patrulla de la policía, así como un número no precisado de viviendas, que según algunos lugareños podrían ser más de 20.
Los integrantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y los policías estatales que tenían el control del pueblo, empezando por la presidencia municipal, no intervinieron y se replegaron unas tres cuadras hacia la salida, donde permanecían este martes.
Entre los inmuebles quemados se encuentra un hotel que estaba junto al presidencia municipal. “La gente mala de este municipio será sacada”, escribieron en una de las paredes ahumadas.
Uno de los dirigentes de las Autodefensas del Pueblo “El Machete” comentó que “lo que estamos exigiendo es que se haga justicia y que la Fiscalía detenga a la gente mala”, al tiempo de aclarar que ese grupo no participó en la toma del pueblo, sino que lo hicieron las comunidades, pero que “nosotros estuvimos apoyándolos sin armas porque esas y los militares se quedaron en el campamento”.
Manifestó que la alcaldía quedará tomada hasta que haya justicia. “Cuando nos atiendan nos iremos. Lo que queremos es que nos atiendan luego el Gobierno Federal y Estatal”.
“Es culpa de la Fiscalía lo que sucedió porque no quiso hacer su trabajo como lo pedíamos, con paz y tranquilidad. Fueron las comunidades las que tomaron el acuerdo e hicieron eso (los destrozos)”, puntualizaron.
El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, párroco del vecino municipio de Simojovel, quien acudió a reunirse con los representantes de las 86 localidades y los 18 barrios, informó que la diócesis de San Cristóbal nombró una comisión para mediar en el conflicto, integrada por diez personas, entre sacerdotes y religiosas, con el fin de que “encontremos la paz”.
Agregó que también se formó una comisión de diez agentes municipales, cuatro presidentes de comisariados ejidales, seis servidores de la Iglesia católica y tres de la evangélica, por parte de las comunidades y barrios.