La administración anterior no le bastó colocar a Chiapas como el estado más endeudado del país con un déficit de 40 mil millones de pesos, sino que a su vez ha dejado en banca rota las arcas del Estado, con un vergonzoso monto de 150 millones, recurso que al nuevo gobierno no le alcanza ni para pagar el gasto corriente.
Se dice que en otras administraciones, la Secretaría de Hacienda a la fecha contaba con mil 900 millones de pesos para ejecutar diversos gastos, sin embargo, la política de saqueo que imperó en la administración pasada tiene en 'focos rojos' las finanzas del actual gobierno.
Politólogos, economistas, académicos e intelectuales refieren que lo que es peor, es que durante los seis años del gobierno que feneció no se realizaron obras de gran impacto, y las que se hicieron, muchas de ellas lucen inconclusas por la falta de liquidez a las empresas constructoras.
Es decir, por donde se le vea (del 8 de diciembre del 2006 al 7 de diciembre del 2012) hubo un pillaje indiscriminado en las diferentes dependencias gubernamentales.
Se sabe que mucho de los actuales funcionarios cobraban nóminas en tres o cuatro lugares al mismo tiempo, con sueldos onerosos que llevaron a un sobreendudamiento derivado de la corrupción de una élite política irresponsable y perniciosa.
Por ello muchos de éstos -la mayoría de ellos todavía enquistados en el actual gobierno como encargados de despacho- pasaron a ser de simples ciudadanos a prominentes empresarios.
Si el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado hiciera su trabajo, se podría rescatar parte de ese dinero perdido en las dependencias, ya que los culpables tienen nombres y apellidos.
Es una falta de respeto que al nuevo gobierno se le quiera heredar deudas ajenas, cuando en su momento se erogó un presupuesto para las necesidades de cada dependencia.
Si lo que se pensó era transferir deudas, están equivocados: No se puede etiquetar recursos sobre dos veces para un mismo fin, pues se violentan principios legales de la Constitución y en materia de transparencia.
Así que resolver este axioma es muy sencillo, que los nuevos ricos de este gobierno devuelvan lo que se llevaron, porque es dinero público, no es ningún fondo perdido; mucho menos para que se quede en los bolsillos de una clase política nefasta y abominable.
