El Servicio de Administración Tributaria (SAT) enviará a partir de este mes notificaciones a las empresas que hayan incurrido en la compra de facturas para simular operaciones y disminuir el pago correspondiente de impuestos, sobre todo aquellos que no se han acercado para aclarar dichos comprobantes detectados.
Al respecto, el contador público e investigador, René Cruz Montalvo, dio a conocer que según algunos reportes, la defraudación fiscal por operaciones simuladas ascendió a dos mil millones de pesos a nivel nacional, solo el año pasado.
Previo a este mes, el SAT ya había enviado notificaciones a algunas empresas que había detectado en la compra de facturas falsas, pidiendo que se acercaran a las oficinas para aclarar dicha operación.
“Los que no lo hicieron, ahora enfrentarán las consecuencias, dado que ya cuenta con toda la información de aquellos contribuyentes que compraron o vendieron una factura falsa”, comentó.
Enfatizó que el pasado 16 de mayo se público en el Diario Oficial de la Federación, una modificación a la fracción tercera del artículo 113 del Código fiscal de la federación, y se agregó el artículo 113 bis.
En el primero se establece una pena de tres meses a seis años de cárcel para aquellos que adquieran comprobantes fiscales, es decir, las empresas que compran facturas.
Por otro lado, el artículo 113 bis establece una sanción de tres a seis años de prisión al que expida o enajene comprobantes fiscales. Con esto, tanto quienes adquieren facturas falsas como quienes las venden se hacen acreedores a sanciones.
El investigador mencionó que las empresas que más incurren en estas prácticas, en su mayoría son pertenecientes al gremio de la construcción, así como las llamadas outsourcing.
Añadió que para que el SAT pueda aplicar una sanción tiene que vigilar el debido proceso del artículo 69 B del código fiscal de la federación, donde se establece la forma y el protocolo en como debe notificar y determinar que efectivamente los contribuyentes están facturando operaciones simuladas.
Para ello, cuenta con un plazo de 50 días para dar una determinación, desde que localiza una empresa haciendo uso de facturas para operaciones simuladas hasta que lo publica en el Diario Oficial.
Finalmente, explicó que la detección se realiza con base al nivel de ingresos en relación con el nivel de pago de impuestos, que infraestructura física instalada tienen para ofrecer el servicio, si tienen trabajadores o no, y si tienen los equipos para prestar el servicio en cuanto a activos fijos.
