Con el voto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a favor de que la Guardia Nacional (GN) siga en labores de control migratorio junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), da la espalda a personas en contexto de movilidad y a la protección internacional, señalaron defensores de derechos humanos.
El pasado 24 de abril, la Corte ratificó la constitucionalidad del artículo 9, fracción XXXV, de la Ley de la Guardia Nacional, que faculta a sus elementos a auxiliar al INM en la inspección de documentación de personas migrantes, en el resguardo de las estaciones migratorias y en la detención de personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
El Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) recordó las más de mil 500 denuncias por violaciones a derechos por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y casos emblemáticos como el de Ernestina Asencio, mujer indígena de 73 años, quien fuera torturada sexualmente por militares en Veracruz, o el homicidio de Ángel Yael, estudiante de la Universidad de Guanajuato, a manos de la GN.
Además, en noviembre de 2021, un elemento de la GN disparó contra una camioneta que trasladaba a personas migrantes en el ejido Echegaray, municipio de Pijijiapan; al instante asesinó a un hombre originario de Cuba, identificado como Cristóbal “N”.
El Imumi reiteró que la militarización de los controles migratorios solo ha incrementado las violencias, desapariciones forzadas, secuestros, extorsión, corrupción, discriminación racial y accidentes que viven las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, especialmente quienes están en condiciones de vulnerabilidad por razones de género.
