El conflicto en la Unidad Operativa Tapachula de Diconsa se ha agudizado. Mientras un grupo mantiene tomadas esas oficinas para exigir el cese de los directivos de la empresa, Carlos Enrique Ventura Mirón y Manuel del Villar, otro acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir que actúe en contra de los que paralizan las actividades que afectan la dotación de productos básicos para las comunidades rurales de la región del Soconusco y Frontera Sur.
Representantes de los Consejos Comunitarios de Diconsa en Tapachula, iniciaron desde el lunes un bloqueo para demandar el reconocimiento de su directiva encabezada por Guadalupe Domínguez Ramírez, sin que hasta el momento ningún funcionario de esa empresa dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) los haya atendido.
Ello propició que este jueves realizaran un bloqueo y cierre a la circulación sobre la 4ª Avenida Sur prolongación frente a Diconsa, estableciendo que seguirán fortaleciendo el movimiento con el respaldo de otras organizaciones sociales y campesinas.
Acusan que los directivos de la misma han promovido la creación de otro Consejo Comunitario el cual es ilegal y no han querido reconocer al designado por las comunidades rurales, lo que derivó en el bloqueo a la Unidad Operativa.
Por su parte, otro grupo de representantes de los Consejos Comunitario de Abasto de los municipios de Tuxtla Chico, Tuzantán, Mazatán y Huixtla, acudieron ante la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la PGR, para exigir que se proceda en contra de quienes participan en el bloqueo a Diconsa ya que decenas de tiendas rurales están siendo afectados.
Por su parte, la oficina del senador Luis Armando Melgar Bravo descartó que este tenga alguna injerencia en la designación de funcionarios de Diconsa en Tapachula y señaló que sí existen irregularidades y se cometieron actos de corrupción serán las autoridades competentes quienes determinen lo conducente y procedan conforme a la ley en contra de los responsables.
