"Rafael Victorio * CP. Ante la justicia federal, propietarios de vehículos de procedencia extranjera, muchos de ellos ya legalizados y que fueron vendidos por la Secretaría de Hacienda, presentaron una serie de amparos ante decomisos realizados por personal de la Dirección General de Aduanas.
José Luis Pérez Jiménez, representante jurídico de los afectados, consideró que se está violentando la ley, motivo por el cual cientos de personas que tienen unidades extranjeras podrían hacer lo mismo al correr el riesgo de aseguramiento de sus unidades.
Puso como ejemplo el caso de Leonel Yau López, quien fue detenido por agentes aduanales fuertemente armados junto con su esposa Ana Olvera, y de su hermano Fredy Yau, en el tramo Tapachula-Huixtla, cuando iban a bordo de una camioneta Pick-Up, modelo 2002, para luego trasladarlos a Ciudad Hidalgo en donde fueron acusados de introducción ilegal de la unidad al país.
Sin embargo, esa unidad fue vendida a Yau López por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el sector coordinado por la SHCP.
La camioneta fue vendida el 18 de junio del 2010 en 61 mil 16 pesos, de acuerdo con la factura H-6257, en cuyo documento se aclara que la Entidad Transferente es el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El oficio DEMIMV-TES-6134-10, firmado el pasado 25 de junio del 2010, por Roberto Rosales Reyes, coordinador de Comercialización de Bienes del SAE nacional, detalla la venta de esa camioneta al particular y gira instrucciones para que sea entregada a su nuevo propietario.
Ello no importó a los policías fiscales federales adscritos a la Aduana de la Frontera Sur con sede en Ciudad Hidalgo, que aparte de decomisar el vehículo privaron de su libertad a los tres ocupantes, entre ellos su propietario, quienes presentaron el amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito que abrió el expediente 970/10.
Se quejan de que ""nos trataron como narcotraficantes, cuando no existe nada irregular y ahora nos acusan de introducir ilegalmente el carro al país, además de haber sido sometidos a interrogatorios durante más de ocho horas y obligados a firmar documentos, siendo liberados ellos pero la unidad quedó asegurada"".
La Unión Campesina Democrática en Chiapas y el Partido Social Demócrata en Cacahoatán, han denunciado en los últimos días el decomiso de unidades extranjeras que están en proceso de regularización, ante lo cual están acudiendo a las instancias legales a defenderse.
Los afectados sostienen que mientras la Aduana a través de la Policía Fiscal emprende este tipo de acciones en contra de integrantes de organizaciones productivas y de propietarios de vehículos de procedencia extranjera, permite el paso de miles de toneladas de productos de contrabando a pocos metros de sus oficinas en la Frontera Sur, pero no hacen nada para contenerlo.
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