En el Congreso de Chiapas se busca armonizar lo emitido por la Federación en el decreto que combatirá la violencia política de género, las sanciones para aquellas personas que obstaculicen la participación de la mujer en la vida política del estado podría llegar hasta los seis años, declaró Olga Luz Espinosa Morales, integrante de la 67 Legislatura.
Lo que viene ahora, explicó, es buscar el consenso de los diputados y legisladoras locales; aunque será un proceso complejo, confió en que se alcancen los acuerdos necesarios para proteger los derechos electorales de un sector de la población que ha sido vulnerado de forma histórica.
Criticar a los políticos o políticas, aclaró, es una práctica que no puede desaparecer en los medios de comunicación o en los mismos adversarios, sin que ello signifique que se tenga que juzgar el aspecto, la forma de vestir o de hablar de una persona, que es muy distinto al desempeño profesional de cada funcionaria.
El tema es tan serio, remarcó, que los partidos políticos tendrán que cuidar a las personas que postulen a candidatos, debido a que el nuevo proyecto contempla también sanciones en la parte de las prerrogativas y que puede llegar hasta un 50 por ciento.
“Aparte de ello, se tipifica el delito de violencia política en el Código Penal Federal” y esta situación trae consigo reformas a otras leyes, incluyendo las electorales. Dentro de los castigos, se contempla que los agresores tengan que pedir disculpas públicas a las víctimas.
La diputada local comentó que se pegará donde más les duele a quienes cometan violencia, debido a que las sanciones no solo son administrativas, también se les impedirá participar (si se comprueba el delito) en el siguiente proceso electoral.
Se espera que la propuesta de la armonización legislativa se haga en los siguientes días, irían con las mismas sanciones de hasta seis años de cárcel a quien se le compruebe violencia política en razón de género, aunque el castigo pudiera ser mayor en las zonas indígenas o rurales.
En ese sentido, señaló que la violencia política es un problema generalizado, que se puede encontrar desde Tuxtla Gutiérrez hasta San Juan Cancuc, donde la síndica en ese Ayuntamiento pasó más de un año con siete meses sin poder ejercer el cargo.
Faltará, recordó, que las Comisiones que revisan el documento valoren el contenido y, al tener la facultad, la pueden modificar o en el peor de los casos, desecharla. La violencia política, dijo, refleja múltiples agravantes pero la más común es la usurpación de funciones por parte de los varones.
Finalmente, el “Decreto sobre violencia política en razón de género”, aclaró, no fue logro de un solo partido político, más bien, se trata de la suma de todas las iniciativas de este periodo legislativo y ahora las sanciones no serán nada sencillas.
