En México, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 estableció una de las transformaciones más importantes de la Carta Magna, que en su conjunto generó un nuevo paradigma para garantizar los derechos de las personas, lo que permitió modificar el quehacer público.
Para Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, la propuesta que incorpora los derechos humanos encuentra concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y a partir de entonces se ha tratado de armonizar un conjunto de instrumentos jurídicos que permitan respetar, proteger, garantizar y promover los derechos que establece la Constitución.
La administración pública a través de quienes se desempeñan en el servicio público, está obligada a garantizar estos derechos; para lograrlo deben ampliar sus capacidades institucionales bajo el enfoque de gobernanza, para que la agenda pública los incorpore en los procesos de diseño de políticas públicas y la implementación de acciones gubernamentales.
Pero los diversos programas de reforma administrativa implementados por la administración pública, no han podido mejorar el desempeño del aparato administrativo mexicano; una administración pública ágil y flexible no se ha logrado concretar a pesar de los múltiples programas administrativos de las últimas décadas.
Los derechos humanos están intrínsecamente relacionados con el actuar público, pues el reconocimiento en la gravedad de los problemas y las amenazas tienen un impacto en lo social y en los ciudadanos, por ello es que el fenómeno de la corrupción afecta la estabilidad, gobernabilidad, el respeto del Estado de derecho, y también deteriora las instituciones, los valores de la democracia, la ética y la justicia.
Problemas como la corrupción impactan en la sociedad civil porque restringen los derechos humanos y vulneran las libertades, por eso se ha señalado que vivimos una crisis de valores en la sociedad, misma que se ha hecho extensiva al servicio público, donde los instrumentos de control jurídico no han sido suficientes para regular la vida pública.
Consideró que el Estado debe seguir impulsando la productividad y buscar la equidad del sistema socioeconómico, mejorando las condiciones de la población, poniendo énfasis en los grupos y regiones marginadas del país, es decir, en el respeto a los derechos humanos.
“La corrupción es uno de los problemas más graves y extendidos de México, su omnipresencia y los costos que conlleva permiten catalogarla como el enemigo público número 1”.
