El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), pidió a las autoridades correspondientes “atender de manera urgente e integral la situación de desplazamiento forzado en las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop y Xchuchte, municipio de Aldama, para evitar una crisis humanitaria de daños irreparables”.
En un comunicado solicitó que la situación sea atendida “aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región”.
Recordó que el pasado 5 de octubre, el niño Juan de Jesús Pérez Santís, de 12 años de edad, fue herido de bala cuando se encontraba en su casa, en la comunidad de Koko, y el 2 de abril, los niños Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11, “fueron emboscados y asesinados cuando se dirigían con su padre a su milpa”.
En ambos casos, agregó, “los disparos venían” de la vecina comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, con la que Aldama se disputa 60 hectáreas.
“Lo anterior evidencia el riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de cinco comunidades tzotziles, que desde marzo de 2018, se encuentran en situación de desplazamiento forzado por la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes” de Santa Martha, quienes “las siguen asediando”, aseveró.
El Frayba “manifiesta su preocupación por el riesgo de otra incursión armada a la cabecera, como la del 16 de marzo pasado o a otras comunidades causando una masacre y otras violaciones graves de derechos humanos a pueblos originarios”, expresó.
Sostuvo que “la población en desplazamiento forzado más vulnerable son las niñas y niños, quienes viven en permanente miedo, lo que causa daño psicológico; y en las montañas carecen de resguardo a su salud y alimentación adecuada. Las mujeres y personas mayores de edad son también especialmente vulnerables en desplazamiento forzado”.
Finalmente, demandó que se realice “una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar en la región, así como una investigación a fondo a las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados”.
