La Asamblea Estatal Permanente de la Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) se deslindó de la responsabilidad que pretendidamente hacen las autoridades educativas hacia los padres de familia y trabajadores de la educación para el regreso a clases presenciales.
A través de un documento oficial que hicieron circular, rechazaron el anuncio de la Secretaría de Educación federal y estatal del regreso a clases en forma presencial. Haciendo responsables a las autoridades de las consecuencias por la determinación asumida.
En Asamblea Estatal demandan a las instancias educativas las condiciones óptimas de salubridad, higiene e infraestructura en todas las escuelas del estado para no poner en riesgo la vida de estudiantes, maestros y padres de familia ante el creciente aumento en los contagios de Covid-19.
El magisterio federalizado realizó su asamblea virtual este 13 de enero, con la participación de 523 delegados (secretarios generales, coordinadores regionales e integrantes del Comité Seccional).
Manifestaron que mientras algunas entidades retornan al semáforo rojo por el alto número de contagios y fallecimientos, en Chiapas y Campeche se pretende imponer el retorno a las actividades escolares de manera presencial.
En otros temas, ratificaron la demanda de solución a la problemática de la caja de ahorro y Fabes, recordando que el informe oficial de la SEP manifiesta que “no existe inconveniente que impida su funcionamiento, siempre que se desarrolle bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y se ajuste al marco de la legislación aplicable”.
Por ello es que demandan a la autoridad competente se inicie nuevamente la operatividad inmediata de estas instituciones financieras, que benefician a miles de maestros chiapanecos.
Asimismo, la Asamblea Estatal Permanente ratifica la exigencia de la reinstalación inmediata y sin condiciones, de los 33 compañeros cesados del Comité Ejecutivo de la Sección 7.
Exige la abrogación total de la nueva mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias, decretada por el Gobierno Federal actual, por mantener en un régimen de excepción laboral a los trabajadores de la educación.
Solicitaron de igual forma que el pago e incremento anual a todos los jubilados y pensionados sea en base al salario mínimo, no en UMAS, y el regreso al sistema solidario de pensiones.
