Se interpuso queja por caso en la Meseta de Copoya

Se interpuso queja por caso en la Meseta de Copoya

El día de ayer asociaciones ambientalistas y defensores de los derechos humanos interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de frenar el cambio de uso de suelo, en aproximadamente ocho hectáreas de la meseta de Copoya.

medidas

Al respecto, el coordinador de la maestría en defensa de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, José Adrián Anaya, indicó que se solicitaron tres medidas cautelares a la dependencia, siendo la primera, la suspensión del “Programa de Desarrollo Urbano del centro de población de Tuxtla (2015 - 2040)”.

Asimismo, como segunda petición, precisó que se debe emitir una amplia consulta a sectores de la población, dependencias, colegios y universidades para un análisis exhaustivo y definir una correcta carta de crecimiento de la ciudad.

“Después de la consulta se discutirá ampliamente y se decidirá de mejor manera en la sesión de cabildo, en donde el deber es cuidar el bienestar de los habitantes”, puntualizó.

Detalló que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Juan Óscar Trinidad Palacios debe ser el garante de los derechos humanos de la población chiapaneca, ya que ésta institución es totalmente independiente a los organismos de gobierno.

“Nuestra queja es una demanda por el incumplimiento de los derechos ambientales de la ciudadania, los cuales serán afectados por el cambio del uso de suelo que se pretende realizar, para privilegiar intereses de constructoras, cabe señalar que en el país existe una legislación ambiental muy pobre”, resaltó.

Mencionó que es un área de conservación de flora y fauna, por lo que contribuye a la regulación climática de la ciudad, en donde ningún proyecto habitacional será beneficio en la zona.

Ante esto, solicitó que en aras de sus atribuciones, la comisión se constituya en el órgano investigador de los derechos humanos y actué en consecuencia, si hay delitos penales y administrativos que están violando derechos de la ciudadanía.

“La comisión tendrá 15 días para brindar una respuesta a nuestra solicitud, por lo que esperamos una respuesta favorable”, finalizó.