Luis Eduardo García Parra, abogado autorizado de la comunidad indígena de Nuevo Francisco León, Ocosingo, informó que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito canalizó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la denuncia interpuesta contra autoridades de Salud, por no garantizar atención a la población de esa comunidad.
Alejandro Jiménez López, presidente del Tribunal, notificó el 27 de julio del 2020 que, en relación a la solicitud de García Parra, se hará saber a la Suprema Corte su denuncia para que ejerza la facultad de atracción respecto al caso.
Por ello, el Tribunal informó que remitirá a la SCJN los datos del recurso y los del juicio de amparo indirecto 340/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales del estado de Chiapas.
García Parra explicó que este dictamen primero tendrá que ser analizado por la Suprema Corte para saber si el caso es relevante para que se discuta, en caso de serlo, se determinará si la Secretaría de Salud actuó con las medidas necesarias para garantizar la vida y salud en la comunidad indígena de Nuevo Francisco León.
Dicho caso surge el 13 de abril, día en que Samuel “N”, indígena de 54 años de la etnia zoque, se quitó la vida al enterarse que había contraído Covid-19.
Samuel era trabajador de una plantación donde también laboraban más familias.
El dueño del rancho, ante el evento trágico y la desinformación entre la población, decidió patrocinar las acciones legales y asignó a García Parra para litigar a favor de las 700 familias.
García Parra promovió el amparo indirecto 340/2020 ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Tuxtla Gutiérrez, a cargo de la jueza Minerva López Constantino, el cual se ejercitó, entre otras cosas, para que la Secretaría de Salud, a cargo de José Manuel Cruz Castellanos, se apersonara en el lugar, realizara la identificación de los casos, pruebas de detección y campañas de información sobre el Covid-19, sin embargo, nunca lo hizo.
Dentro de las acciones que la juez instruyó a la Secretaría de Salud fue constituirse inmediatamente en la comunidad quejosa y establecer las medidas preventivas, identificar a los habitantes de la comunidad indígena Nuevo Francisco León que tuvieron contacto con la persona contagiada por el virus y proceder de la forma pertinente para garantizar la salud y la vida de los pobladores.
Contagios y decesos
Sin embargo, García Parra aseguró que estas acciones nunca se dieron en Nuevo Francisco León, provocando más contagios y decesos, “situación que pudo haberse evitado si se hubiera dado cumplimiento a la orden de la juez.
“En caso de la atracción, los jueces valorarán si fueron cumplidas o no la serie de medidas establecidas.
Además, se tocarán otros temas procesales, como si este tipo de procedimientos se puede resolver en un plazo de 48 horas y 40 días”, explicó.
El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito dará vista de su resolución a la Suprema Corte el próximo 3 de agosto, después de eso, la máxima sala estudiará el caso y decidirá si es relevante para que lo analice y dictamine, o bien sea regresado al Tribunal Colegiado para que ellos lo resuelvan.
“Después de que se supo de la denuncia, algunas autoridades de Salud llegaron a la comunidad el 21 de julio y sólo presentaron seis pruebas”, finalizó García Parra.
