En Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, los delitos contra las mujeres mostraron un incremento superior a la media nacional, con un registro de 9.4 violaciones sexuales a la semana, informó el Observatorio Ciudadano de Chiapas en la presentación de su Reporte sobre Incidencia Delictiva, correspondiente al tercer trimestre de 2020.
Enriqueta Rincón Burelo, investigadora del Observatorio, explicó que la violencia contra las mujeres podría ser peor de lo que se observa, porque el distanciamiento social y el confinamiento durante la pandemia paralizó el sistema de justicia e impidió que se realizaran todas las denuncias.
En una rueda de prensa, detalló que en este periodo se abrieron 124 carpetas de investigación en la entidad por el delito de violación sexual, que representan una tasa por arriba de la nacional en los municipios con mayor densidad poblacional.
Otro de los delitos que más preocupan a las organizaciones, porque aumentó considerablemente su frecuencia en la emergencia sanitaria por Covid-19, es la violencia familiar, con 26.5 denuncias a la semana en Tapachula y 14.2 en Tuxtla Gutiérrez. Para sumar 87.7 casos en este mismo lapso, a nivel estatal.
Rincón Burelo apuntó que de julio a septiembre se reportaron un total de 355 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual en Chiapas, en los que las principales víctimas son mujeres y niñas, en delitos como abuso sexual, violación, acoso y hostigamiento.
A pesar de lo anterior, Chiapas refleja una incidencia menor que en el mismo periodo del año anterior; sin embargo, “no debemos sobrestimar el descenso, sino fortalecer y echar a andar políticas de prevención de la violencia, y tomar en cuenta su impacto económico a mediano plazo”, recomendó Carmen Villa Chávez, directora de “Ligalab, ideas que unen” -asociación que colabora con el Observatorio.
En este sentido, advirtió que las instituciones encargadas de atender a las víctimas podrían debilitarse aún más porque desapareció el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.
“La decisión tomada por el Poder Legislativo compromete de manera importante el trabajo de las instituciones locales de seguridad, a las cuales les corresponde atender principalmente los delitos del fuero común que corresponden al 90 por ciento de los ilícitos que se cometen en el país”.
Villa subrayó que aunque era un recurso insuficiente, permitía a los gobiernos municipales mejorar sus estrategias de prevención de la delincuencia, dignificar sus herramientas, y capacitar a las policías en materia de derechos humanos e igualdad de género.
