Mujeres indígenas defensoras de derechos humanos manifestaron ante el embajador de Suiza en México, Eric Mayoraz, las violaciones a las garantías individuales que sufren, sobre todo, los más de 11 mil desplazados, particularmente los del municipio de Aldama.
Durante un acto efectuado la tarde de este sábado en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Silvia Irene Sántiz, de Aldama, aseguró que en su municipio hay tres mil 499 desplazados que “somos agredidos y despojados de 60 hectáreas por habitantes de Santa Martha, municipio de Chenalhó. Desde hace más de 40 años estamos viviendo el despojo porque nos invadieron las tierras que nos heredaron nuestros abuelos y ancestros”.
Declaración
Dijo que como mujeres “vivimos una situación de terror. La situación es preocupante. Nadie nos voltea a ver ni pone fin a este conflicto. Hemos visto que los gobiernos sólo administran el conflicto; ha habido decenas de heridos (y varios muertos). Los acuerdos se han firmado entre los tres niveles de gobierno, pero no ha habido avances a nuestra situación”.
Exigió “justicia y pronta solución a nuestro conflicto porque los ataques armados han retornado y no queremos vivir con ese terror y ese miedo de pasar la noche en las montañas bajo el frío”.
Pidió que “nuestras voces no queden volando en el aire porque estamos cansados de vivir en amenazas; no podemos trabajar en nuestras tierras. Nuestra única fuente de ingresos es la cosecha de café. Basta de agresiones paramilitares. Anoche todavía y hoy en la mañana nos estuvieron agrediendo”.
Rosa Díaz Gómez, tzeltal del municipio de Chilón, relató que su problema empezó en 2008 porque la quieren despojar de su terreno. “Fui golpeada y en el 2010 balacearon las puertas de mi casa; me llevaron secuestrada y fui torturada sexualmente; gracias al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, me dieron medidas cautelares y enmallaron mi casa gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Con lágrimas, abundó: “Como mujer sentí que me iba a morir, que no podía vencer estos obstáculos, pero doy gracias a Dios de estar con ustedes. Estoy feliz de estar con usted, señor embajador”.
Vestida con su traje regional, la mujer solicitó que se respeten sus derechos de ser ejidataria “porque amo mi tierra y deseo sembrar maíz y frijol para alimentarme con mis hijos”.
El director del Frayba, Pedro Faro, manifestó que “en el contexto de la pandemia, se sobreponen las problemáticas graves a violaciones a derechos humanos como es el impacto hacia el territorio de los pueblos originarios, esencialmente en las víctimas de desplazamiento que se ha extendido en el territorio y ante una focalizada violencia en la zona Altos, Norte y Selva, que desde la documentación del Frayba tenemos registrados 11 mil 476 víctimas de desplazamiento forzado”.
El caso “más terrible”, abundó, “es el de Aldama, con más de 3 mil 499 víctimas que viven en un ambiente crítico ante agresiones armadas en su territorio, perpetradas por el grupo paramilitar de Santa Martha (Chenalhó) que desde abril de 2018 mantiene el asedio, sin que se desactive la violencia en contra de 12 comunidades”.
Mensaje
El embajador Mayoraz, quien con el acto en el Frayba concluyó una visita de tres días por Chiapas, dijo que “nos preocupan situaciones como la Aldama que Rosa nos contó, pero no me compete a mí hacer una evaluación de la situación como tal; para esto hay organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el consejo de derechos humanos que son mucho más capacitados que nosotros para hacer una evaluación sobre la situación real de derechos humanos”.