Organismos de la sociedad civil, empresariales y periodísticas repudiaron las acciones represivas en contra de los habitantes de comunidades, que no solucionan los problemas y por el contrario los agudizan, además exigieron que se respete la libertad de expresión de comunicadores.
Ante los hechos de violencia ocurridos la tarde del lunes en el centro de Tapachula, en donde indígenas de la etnia mam fueron desalojados por la fuerza pública municipal, utilizando gases lacrimógenos y deteniendo a 43 personas.
El presidente de la Coparmex Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, mostró su preocupación por la forma en que se pretenden evitar las manifestaciones ciudadanas en demanda de atención, obras sociales, seguridad y justicia.
Dijo que en el caso de la zona alta de Tapachula, los habitantes han sido abandonados por años y cada gobierno les hace promesas y luego son olvidados, por lo que planteó que tanto el gobierno federal como del estado “se atienda esa problemática dentro de los programas prioritarios para los pueblos indígenas”.
Y es que la manifestación que realizaron fue porque necesitan apoyos, caminos, escuelas, pavimentación de su carretera y atención de sus caminos, y “no merecen ser tratados con el uso de la fuerza ni la represión”.
Paralelamente, lamentó que agentes policiacos también hayan arremetido en contra de periodistas a quienes golpearon, por lo que debe haber una investigación y castigar a los responsables.
Por su parte, el representante de la organización social Unidad Ciudadana, Miguel Reyes del Pino, lamentó que ese tipo de hechos puedan generar mayor violencia en las comunidades.
“La gente de la zona alta bajó con una propuesta legítima y queriendo entablar el diálogo, pero se encontró con una barrera de policías que concluyó con una acción en donde privó el exceso de fuerza”, indicó.
Lamentó la agresión hacia los comunicadores cuando realizaban sus actividades de informar lo que estaba pasando y se preguntó,¿ahora es un delito que los periodistas hagan su trabajo?
Respeto
En ese sentido, el Foro de Periodistas de la Frontera Sur, en una carta enviada al gobernador Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; al alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos; a las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, pidieron garantizar la libertad de expresión y la seguridad de los comunicadores.
Y es que en los hechos del lunes por la tarde resultaron lesionados los reporteros Julio Navarro Cárdenas, Alejandro Gómez, Adrián Sánchez Damián y Sergio Liévano, quienes ya interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Periodistas.
Solicitaron una profunda investigación y se castigue a los responsables de las agresiones, pero además que se respete a todo el gremio y no haya más ataques en su contra.
Campesinos Detenidos
En tanto, la tarde de este martes fue liberada la activista Cinthia Alvarado, quien fuera una de las detenidas durante el operativo de desalojo del bloqueo a la presidencia municipal el lunes por la tarde, aunque 42 campesinos permanecen a disposición de la Fiscalía General del Estado.
A estos se les acusa por los delitos de incitación a la violencia, daños en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Tapachula, por lo que en las próximas horas se determinará su situación jurídica.
Se dijo que cuatro de los detenidos originarios de las comunidades Toquián Grande y Pavencul, tuvieron que ser hospitalizados para su atención debido a que fueron golpeados, pero luego de ser revisados quedaron a disposición del Ministerio Público.
Asimismo, los familiares de los detenidos criticaron que las autoridades ejidales de esa zona los hayan abandonado, cuando fueron ellos quienes los incitaron a acudir a realizar la manifestación en Tapachula.
El presidente del comisariado ejidal Juan Pérez López, se deslindó de los hechos ocurridos en el centro de la ciudad.
CEDH
Después de que se informara de la agresión por policías en contra de pobladores de Toquián Grande en Tapachula que se manifestaban frente al ayuntamiento, de periodistas y activistas que cubrían la protesta, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que se emitieron dos quejas de oficios en contra de los uniformados.
El organismo autónomo detalló que, por dichas anomalías, se emitió la medida cautelar CEDH/MPC, 009/2020, para garantizar la seguridad de las personas, la integridad física y la libertad de expresión; exigen a las autoridades que entreguen los informes de lo ocurrido, para determinar las violaciones que se hayan cometido en contra de los afectados.
También exhortó al gobierno municipal a que respeten los derechos a la libertad de expresión para los periodistas y defensores de los derechos humanos, considerando que deben ser sensibles de la labor que desempeñan estas personas para comentar lo que sucede con respecto a los problemas sociales.
