Tras haber sido liberado por falta de pruebas en el delito de delincuencia organizada y tráfico de personas, el director del Centro de Dignificación Humanas, Luis García Villagrán, afirmó que seguirá con la defensa de los migrantes y de su dignidad, en virtud a que “no soy un delincuente”.
Insistió en que quienes lucran con los extranjeros que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur del país, son funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), en contra de quienes existen al menos 17 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) y no les dan seguimiento.
En conferencia de prensa, acompañado del párroco de la iglesia San Andrés Apóstol de Ciudad Hidalgo, Heyman Vázquez Medina, García Villagrán señaló que hasta el momento cuenta con el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
“Vamos a seguir ayudando de manera altruista a los migrantes. No se puede lucrar con la gente pobre”, insistió, al tiempo de pedir que se investigue al excomisionado migratorio, Francisco Garduño Yáñez y otros funcionarios del INM y de la Comar, que se dan una vida de lujo y presumen sus viajes al extranjero.
Infiltrados
Mencionó que su detención se dio a raíz de la infiltración entre grupos de migrantes que se organizaban para partir en caravana, de una policía federal de la Secretaría de Seguridad Pública que “se decía cubana”, además que lo han investigado durante tres años y el último año sus teléfonos y redes sociales han estado intervenidos por las autoridades.
Otra investigación
Reconoció que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, puede activar otra carpeta de investigación en su contra, por lo que dijo que en caso de surgir una nueva orden de aprehensión “que me digan y solito me entrego”.
Asimismo, señaló que su caso será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud a que se ha utilizado a todo el poder del Estado para incriminarlo de delitos que no ha cometido.
