Aunque el tema de la violencia contra periodistas ha sido abordado en varias ocasiones, la diputada Jovannie Ibarra Gallardo expresó su postura sobre las condiciones laborales del gremio en la entidad y aceptó la complejidad y riesgos del ejercicio.
El caso de Marcos Ramos, periodista atacado a balazos en Cintalapa el pasado mes de junio, fue retomado por la legisladora panista, mencionó que el comunicador sobrevivió al ataque, pero que el suceso evidenció un patrón de agresiones que no se limita a esa región.
Señaló que municipios como Jiquipilas y la propia Cintalapa han registrado incidentes que vulneran la libertad de expresión y pone en riesgo a los comunicadores de la zona.
Obligaciones
Ibarra Gallardo consideró que las autoridades tienen la obligación de establecer condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de ejercer la profesión periodística y propicien un ejercicio pleno y seguro.
Hizo referencia a los recursos públicos destinados a seguridad, comentó que esos presupuestos existen para garantizar la integridad de la ciudadanía, y que los comunicadores, por la naturaleza de su función, deberían ser considerados dentro de esos esquemas de protección.
No mencionó cifras ni programas específicos, pero insistió en que las medidas actuales no han sido suficientes para prevenir ataques de cualquier tipo.
Incidencia delictiva
La diputada también indicó que hay zonas del estado donde la incidencia delictiva ha requerido intervenciones de mayor alcance, y que esas mismas regiones coinciden con los lugares donde los periodistas han reportado amenazas o agresiones.
Finalmente, dirigió un mensaje a las instancias encargadas de investigar y sancionar delitos, afirmó que la impunidad en los casos de violencia contra periodistas resta efectividad a cualquier política de prevención, y dejó abierta la posibilidad de impulsar iniciativas en la materia.
