Seguridad peligrosa

"Cuando un reo se ""suicida"" en las instalaciones de un penal ya no hay novedad. Entre celdas saturadas con poca vigilancia y desbordante corrupción todo es posible. Que ocurra en la sede de resguardo de los criminales más peligrosos del país debería ser imposible.

Alguien tuvo que fallar accidental o deliberadamente para que el presunto líder de una banda de secuestradores ""se suicidara"" en el interior de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), un lugar con circuito cerrado de televisión y vigilancia las 24 horas.

Hablamos de instalaciones -y, por tanto, de personal capacitado- disenadas para evitar los riesgos inherentes al trato con líderes del crimen. zEs el suicidio de personajes como éstos algo insospechado? Claro que no. En principio, ningún detenido debería tener siquiera la posibilidad de ahorcarse con ""su propia chamarra"", como senalan las primeras indagaciones de la PGR. Menos si el sujeto no tenía chamarra cuando ingresó a la SIEDO, como muestra un video.

La aparente negligencia no sólo genera dudas sobre el trato que se dará en el futuro a los detenidos en el lugar, sino sobre lo que haya podido ocurrir antes.

Bajo amenaza, radios comunitarias

Hay razones para que los grupos políticos, económicos o criminales que rondan las regiones del istmo de Tehuantepec y la mixteca teman a las radios comunitarias e indígenas: cohesionan a la gente y le dan elementos de juicio para oponerse al abuso de otros.

Felícitas Martínez y Teresa Bautista, indígenas triquis de Oaxaca, realizaban ese trabajo en Radio Copala-La voz que rompe el silencio y fueron asesinadas. Las llamadas desde Nueva York para apoyar a los deudos y al proyecto de las jóvenes demuestran que su labor funcionaba y, por ende, tenía la capacidad de incomodar a quien recibiera críticas de su parte.

Permitir la impunidad en este caso dejará en la indefensión a las 80 radios comunitarias instaladas en diversas regiones de la entidad. Por eso resulta increíble que la PGR, a través de su fiscalía especializada para delitos contra periodistas, no tome cartas en el asunto bajo el argumento de que las indígenas no eran periodistas.

Está en juego la calidad de vida de las personas en aquellas comunidades y los proyectos en defensa del ambiente, contra la violencia y por la salud que sólo las radios comunitarias han podido socializar. (El Universal)

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