En 1991 la ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue sede de una inusual reunión de jefes de Estado y de Gobierno que congregó a representantes de diversas naciones del mundo. Entre las muchas iniciativas que se impulsaron en dicha Cumbre de Tuxtla, diez jefes de Estado acordaron que sus Ministerios de Salud y de Transporte trabajaran en un Programa de Seguridad Vial.
Con este antecedente, más tarde nuestro país se sumó junto con más de cien naciones, al Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en el mundo.
De acuerdo con el III Foro de Buenas Prácticas: Mesoamérica ante el Decenio de Acción 2011-2020, en Latinoamérica los percances en vialidades dejan 30 mil muertes cada año. Independientemente de que las víctimas son en su mayoría personas en la plenitud de la vida, que residen en zonas urbanas, y de que mueren cuando son económicamente más productivos y empiezan a formar una familia, la carga que representa esto para los sistemas de salud está en relación directa con las 120 mil incapacidades permanentes y más de un millón 500 mil lesiones graves que requieren hospitalización.
Por ello dicha estrategia prevé disminuir la incidencia de factores de riesgo, mejorar el transporte público masivo y la calidad de datos, promueve además el desarrollo de infraestructura segura y un aumento en el uso de accesorios de protección.
Este problema no es de una ciudad o de un país determinado, pero lo que sí es cierto es que las estadísticas son susceptibles de ser modificadas a la baja con campañas de concientización. No obstante, hay casos que parecieran repetirse a pesar de las acciones de prevención, en los cuales no hay más alternativa que la coacción y la sanción severa, como en el autotransporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez.
No obstante, es indudable que estas disposiciones al más alto nivel como las del mencionado Decenio de Acción para la Seguridad Vial, habrán de ir bajando hasta nuestras calles y carreteras, pues no se trata de un problema cuya solución sea una tarea opcional, sino de la mayor urgencia debido a la trascendencia de sus efectos en la economía del país y de la familia.
