El proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que reglamentaría la intervención de las fuerzas armadas en tiempos de paz, fue suspendida en la Cámara de Diputados debido a falta de acuerdos entre bancadas y con los senadores. Tras la suspensión se estima que dicho proyecto podría discutirse en un periodo extraordinario durante el próximo mes.
Sobre el tema es pertinente mencionar que algunos partidos y organizaciones de la sociedad civil habían considerado y previsto riesgoso otorgarle facultades al presidente de la República para la declaración de un Estado de excepción y para la movilización del Ejército sin los contrapesos necesarios.
Esta decisión se tomó a raíz de que la Comisión de Gobernación dio a conocer que no convocaría en estos días a dictaminar el tema. Por lo tanto, no habrá manera legal de que avance la reforma en estos días.
Por lo anterior, de acuerdo con el criterio de los mismos miembros del Legislativo, al detenerse el intento de reforma, la Junta de Coordinación Política ha iniciado el estudio de las alternativas a seguir, y una de éstas sería un periodo extraordinario hasta mayo próximo.
Lo anterior es así a pesar de que durante las jornadas de discusión de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido Acción Nacional expresaron que tenían toda la voluntad política de sacar el tema en este periodo de sesiones e incluso hasta que pasara por el Senado en una aprobación sin mayores problemas.
Sin embargo, se atoró con advertencias en el sentido de que es violatoria de garantías individuales y derechos constitucionales, señalamientos que se hicieron durante la mesa de revisión de un documento de trabajo, según se ha informado en la prensa nacional.
Los grupos opositores en el Congreso han opuesto también resistencia a la propuesta, y a lo anterior se agregaron organizaciones de la sociedad civil que la calificaron con epítetos inexplicablemente agresivos, no obstante ser sus representantes los que más atribulados dicen estar por la actual situación de extrema gravedad derivada de la operación de la delincuencia organizada en el país.
