Seguridad

Agregar dentro del marco del derecho internacional humanitario el reconocimiento de que la seguridad ciudadana es un bien público que los Estados tienen la obligación de proveer, pidió la delegación argentina en sesión previa a la XXI Cumbre Iberoamericana que se realizó en Asunción, lo cual concitó desacuerdos entre algunos países participantes.

En momentos en que la seguridad es un bien bastante escaso en la región, la cual se halla amenazada por el avance del narcotráfico y del crimen organizado en general, la propuesta adquiere importancia desatacada, pues se entendería que la inobservancia por parte de los gobiernos de estos países los haría acreedores mínimo al escrutinio del exterior, o incluso sujetos a sentencia o recomendación.

Los países iberoamericanos expresaron discrepancias en torno a un comunicado especial sobre el tema que sería emitido por los gobernantes de la región. De esta manera, los delegados de naciones como Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y México, pidieron introducir varios cambios a la declaración.

Hubo diez propuestas de modificación del documento, por lo que se propuso integrar un grupo especial para solventar las diferencias. La delegación argentina pidió que en el párrafo del comunicado que reconoce la seguridad ciudadana como un bien público que los Estados tienen la obligación de proveer, se agregue que ello debe ser en el marco del derecho internacional humanitario.

La delegación peruana, por su parte, refutó la propuesta argentina, al argumentar que la seguridad ciudadana es un asunto de orden interno por lo que no procedería enmarcarlo en el derecho internacional humanitario. Brasil respaldó la propuesta peruana mientras que Ecuador apoyó la sugerencia argentina, ante lo cual Paraguay, que presidió las reuniones de los coordinadores nacionales de la XXI Cumbre Iberoamericana, intentó mediar.

México, por su parte planteó a través de su delegado, José Antonio Zabalgoitia, agregar al comunicado un párrafo que reconozca el imperativo de fortalecer la seguridad pública con medidas efectivas para evitar el tráfico de armas.