El seguro es un contrato por el cual una de las partes -el asegurador- se obliga mediante una prima que le abona la otra parte -el asegurado- a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto, como un accidente, un incendio, entre otros.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, una nueva iniciativa de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que fue reformada en abril de este año, busca establecer la obligación por parte de estas empresas de revelar información a los consumidores sobre los recursos que tienen para hacer frente a sus compromisos, sus esquemas de inversión y riesgo y precios de productos, a fin de dar elementos para una mejor selección.
La iniciativa que entraría en vigor el 1 de enero de 2014, busca dar disciplina al mercado. Estas medidas permitirían conocer el riesgo implícito en adquirir una póliza en una compañía de seguros y no elegir un seguro sólo por el precio.
En la página web de la Comisión y de cada aseguradora hay información sobre el particular, pero con la nueva ley se hace énfasis en aquella que se considere más relevante para que el asegurado pueda perfilar el riesgo de la empresa que elija.
Además, prevé que todas las aseguradoras tengan como requisito cuando menos una calificación de una agencia reconocida por el mercado. Se destaca que en la medida en que un asegurado o posible usuario de estos productos conozca la información de las empresas, podrá orientar mejor su decisión de compra, y aquellas aseguradoras que tengan prácticas desfavorables serían castigadas. Según la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, si bien la regulación mexicana ahora está bien calificada, la nueva implicará un mejor cumplimiento de los estándares internacionales.
Sin embargo, desde afuera, desde la perspectiva del consumidor, el seguro sigue siendo un producto de escasa demanda no sólo por no estar a la altura de las expectativas del mercado, sino por haber incumplido con su objetivo principal. A lo anterior se suman los tiempos para la recuperación, los cuales están sujetos al unilateral e ilimitado voluntarismo aplazador de las aseguradoras.
No obstante, la figura es un beneficio cuando sí funciona como está previsto.
Por ejemplo, las secretarías de Hacienda y de Agricultura anunciaron en el pasado reciente la creación de un Seguro Agropecuario para la Recuperación de la Actividad Productiva, dirigido a productores agrícolas y pecuarios del país, con el fin de aumentar la certeza en este sector y fomentar el uso de esos instrumentos que permitirán a los beneficiarios tener una protección más completa en caso de siniestros, ya que les garantiza su permanencia y reincorporación inmediata a la actividad productiva.
La protección del patrimonio e inversiones frente a los riesgos de catástrofes naturales disponía de 850 millones de pesos, adicionales a mil millones que destina la Secretaría de Hacienda para operar ese seguro que, de acuerdo con quienes ahora los han instrumentado, impulsará la adopción de una cultura de administración de riesgos de manera preventiva y no correctiva.
