La vicepresidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso Local, Patricia Mass Lazos, informó que, por lo menos, seis municipios de Chiapas registran fuertes conflictos sociales por la disputa del control político, la división de tierras y la molestia ciudadana.
Lamentablemente, la diferencia que han tenido los habitantes en contra de las autoridades han terminado en protestas, bloqueos y hasta enfrentamientos a balazos que, en consecuencia, dejó personas heridas y muertas.
Oxchuc, un municipio que renovó a sus autoridades por medio de los usos y costumbres y que se esperaba que esta decisión tranquilizara a los pobladores, ha sido noticia por los bloqueos carreteros y las manifestaciones locales, debido a que el concejal presidente hizo compromisos que después no cumplió.
No obstante, remarcó la diputada local, las reuniones que han tenido los afectados con las autoridades estatales permitieron destrabar el conflicto (a medias) y la gobernabilidad regresó a este lugar.
La situación se ha tornado más complicada en Chamula. En este municipio los grupos en conflicto pelean el control político y la solución se ve más alejada, debido a que el encierro de Juan Shilón, quien se autoproclamó como concejal presidente, ha calentado la zona.
Desde la parte política, la legisladora local consideró como un exceso la detención de este personaje, tomando en cuenta que el municipio requería gobernabilidad, no obstante, reconoció que la detención fue legal desde el punto de vista jurídico. En el lugar también se han reportado balaceras.
La disputa de tierras que se ha presentado entre Aldama y Chenalhó y que ha implicado el uso de armas de fuego, ha dejado como saldo preliminar 20 personas muertas; este problema fue calificado como un asunto controversial y sin fecha para que se solucione, a pesar de los acuerdos que en varias ocasiones han firmado las partes involucradas.
La problemática histórica que ha vivido Chalchihuitán por el mal manejo de los recursos públicos (situación que derivó en la detención de Margarita Díaz, exalcadesa y el exsíndico, Hermelindo García), es otro tema que aún no se resuelve por parte de las autoridades, está -como dijo Mass Lazos- en un “estira y afloje” entre las nuevas autoridades. Hace unos años, este territorio fue noticia por el desplazamiento forzado de miles de personas.
Otra disyuntiva que ha generado molestia social es la ausencia de las autoridades en El Bosque, toda vez -dijo la diputada- que la alcaldesa no se presentó a sus funciones después de dos años, haciendo caso omiso de todos los requerimientos que en su momento se le hicieron.
Sobre las sanciones en este último municipio, refirió, será la Auditoría Superior del Estado (ASE) la encargada de revisar el gasto público y, en caso de encontrar anomalías, podrían venir otras consecuencias penales.
Mass Lazos remarcó que más allá de la forma en que los municipios nombran a sus autoridades (por usos y costumbres o con la ayuda de partidos), los conflictos siempre existirán, sin embargo, es el mal manejo político el que desencadena las consecuencias mayores y se dejan a un lado los acuerdos.
