"Carlos Burguete * CP. Aun y cuando la Secretaría de Economía avale los permisos a empresas para la explotación minera en Chiapas, son las autoridades ambientales quienes determinan si cumplen o no con todos los estudios de impacto ambiental para poder desarrollar sus actividades sin afectar el entorno ecológico, así como a las poblaciones cercanas a la zona, sostuvo su delegado en la entidad, Raúl Ramírez Elizalde.
El funcionario federal indicó que en lo que respecta a la dependencia a su cargo, dicha instancia recibe las solicitudes de todas aquellas empresas que buscan explotar algún tipo de yacimiento en Chiapas, donde es a través de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía federal en donde se lleva a cabo el estudio técnico.
""Nosotros nos encargamos de revisar la documentación técnica de todo lo que involucra el tema del subsuelo, es decir, las limitaciones del terreno a través de fotografías satelitales, el pago de derechos, pero en lo que respecta a la superficie donde se asentará la mina y del impacto ambiental que tendrá su actividad, corresponde a la Semarnat"", indicó.
Ramírez Elizalde insistió que en el tema de la explotación minera tanto en Chiapas como en el resto del país, son varias las dependencias que se ven involucradas en análisis de factibilidad de cada uno de los proyectos, por lo que el incumplimiento de algunos de los estudios que se les exigen a las empresas, podría generar la suspensión temporal o definitiva de los permisos que otorga la Secretaría de Economía.
En ese sentido, dijo que estas omisiones van desde el propio planteamiento del proyecto, como irregularidades en la adquisición de los terrenos y que forzosamente requieren de la aprobación de la propia Procuraduría Agraria.
""Cuando se hace un convenio entre particulares no tiene el peso jurídico que se necesita en este tipo de proyectos, se requiere de una asamblea que esté avalada por la Procuraduría Agraria y que permita de manera legal comprar la propiedad de la tierra"", sostuvo.
Por lo menos 10 solicitudes de empresas mineras que buscaban asentarse en el estado han sido canceladas por no cumplir con todos los requisitos y criterios que establece la Dirección General de Minas, instancia dependiente de la Secretaría de Economía.
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