El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur emitió los resultados preliminares de la Misión de Observación realizada del 13 al 17 de noviembre; entre ellos, se encontró la negación recurrente por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) de recibir solicitudes de refugio.
En cuatro días, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, en colaboración con la Red Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), Alianza Americas, Ayuda en Acción de México y HIAS México, realizaron una Misión de Observación de Derechos Humanos (MODH).
Dichos defensores y defensoras de derechos humanos llegaron a Tenosique, Tabasco, con el objetivo de documentar y visibilizar la situación de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en el corredor migratorio selva, en Guatemala, Tabasco y Chiapas.
A partir de ello, identificaron que la militarización de esta región del país tiene una estrecha relación no solo con la contención de la migración, sino también con la instalación y operación de megaproyectos como el llamado Tren Maya.
“La Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad han sido desplegadas para resguardar la infraestructura y garantizar el avance del proyecto. Este despliegue de fuerzas de seguridad militares y militarizadas deriva en un incremento de las diversas formas de violencia cometidas en contra de las personas migrantes y sujetas de protección internacional; es decir, las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades locales”, denunciaron.
Además, en la ruta migratoria El Ceibo-Tenosique-Villahermosa existen nueve retenes, en los cuales hay presencia de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
“Se anuncian como ‘espacios de rescate humanitario’, eufemismo que busca ocultar las acciones de detención, intimidación, criminalización y violencia que se cometen de manera constante en contra de las personas migrantes en estos puntos de control migratorio”. Además, las autoridades impiden que las personas utilicen transporte público o privado para trasladarse por las rutas migratorias, obligándoles a caminar hasta Villahermosa.
Por tanto, la Misión consideró al perfilamiento racial como práctica generalizada en la región, que utiliza estereotipos étnicos o raciales para detener a las personas. “Esta práctica discriminatoria incentiva la xenofobia, la LGBTfobia, el racismo y la violación de derechos humanos de las personas en movilidad”, añadieron.