Pobladores con residencia en Chicomuselo son “acarreados” para registrarse con dirección del municipio de El Parral, esto con el objetivo de “inflar las listas nominales de electores para beneficiar a algún candidato, en especial durante la jornada electoral del 6 de junio”.
La situación mantiene inconformes a pobladores del municipio, puesto que con estas acciones se configura el delito de turismo electoral, por lo que los habitantes de El Parral piden a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto.
Este jueves, al menos unas trece unidades tipo Urvan de uso particular y del servicio público fueron utilizadas para trasladar a las personas desde el municipio de Chicomuselo a El Parral.
Las filas para realizar los trámites de cambio de domicilio amanecieron abarrotadas, situación que causó dudas entre los pobladores, por lo que ellos mismos recabaron información y algunos testimonios, en donde informaron que son originarios de otro municipio, pero que se les está pagando 500 pesos por realizar el cambio de datos en la credencial para votar.
La situación fue reportada a la persona encargada del Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral, por lo que los quejosos esperan que se tomen cartas en el asunto, pues lo que buscan es que se promueva un proceso electoral justo y limpio para quienes participen en el mismo.
En tanto, la persona responsable del Módulo refirió que antes de realizar la entrega de las credenciales, el instituto realiza una verificación en campo, por lo que el señalamiento será tomado en cuenta.
El turismo electoral es un delito de alteración al Registro Federal de Electores, que consiste en la notificación al INE de cambio de domicilio por parte de un grupo de personas que proporciona datos falsos con la intención de votar en una elección que en realidad no les corresponde, con la finalidad de beneficiar a una candidato, candidata o partido político o coalición en especial.
Por lo que serán las autoridades quienes se hagan cargo de atender el hecho, ya sea por medio de una denuncia o la constancia de movimientos irregulares, y en caso de encontrar responsables del mismo, estos podrían ser objeto de multas económicas o de tres a siete años de prisión de acuerdo a la ley en la materia.
