"Francisco Valdés Ugalde * Universal. El diálogo (si así puede llamársele) sobre las reformas políticas por venir, que se han dado en llamar ""reforma del Estado"", pierde frecuentemente el sentido en que se origina su necesidad y, por consiguiente, la óptica adecuada al abordarlas.
En no pocas ocasiones, además, se discute en los espacios periodísticos uno que otro de los rasgos de la reforma necesaria. A veces predomina un enfoque que no puede menos que llamarse reaccionario, por lo limitativo de las posibilidades que tenemos hoy los mexicanos de reconducir nuestro Estado (subrayo nuestro), para adecuarlo a la vida actual y a los tiempos que vienen.
No bien el Congreso ha iniciado las labores de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión -o como se le conoce coloquialmente, mesa de la reforma del Estado- se ha desatado una miscelánea de opiniones que exhiben la voluntad de algunos actores de dejar las cosas como están. De dar prioridad al statu quo en vez de abrirse al cambio político en serio.
Antes de la discusión de reformas en particular, como la reelección legislativa y municipal o la segunda vuelta en la elección presidencial y, eventualmente, en la parlamentaria, hay que admitir que no son sino fórmulas que deben responder a un criterio político integral.
Lamentablemente, la argumentación interesada, facciosa y falaz se tiende a imponer sobre el interés nacional, dejando deliberadamente de lado el sentido que la reforma tiene en la razón pública. Esta razón, a pesar de la fragilidad de su influencia en la partidocracia y sus ujieres, es razón pública, quiéranlo o no los reformadores de baja intensidad.
Si el Congreso hiciese un esfuerzo verdaderamente acorde con su carácter de representación nacional debe reconocer, antes de proceder a fijar los parámetros de la discusión para la reforma, que el país, sus ciudadanos, se encuentran en una etapa de selección de instituciones para la construcción de un régimen democrático que nunca antes de hace 10 anos tuvo existencia.
Los cinco grandes temas fijados por la Ley para la Reforma del Estado abarcan a toda la estructura del régimen político y de gobierno. Ofrecen un panorama amplio para que la Comisión Ejecutiva se oriente en un sentido igualmente amplio y someta a una revisión integral la estructura política.
El país requiere un Estado democrático y al mismo tiempo fuerte, cuya firmeza no se confunda con el autoritarismo. Asimismo, necesita dar un sentido representativo a las decisiones públicas e instaurar los instrumentos para el imperio del derecho por encima de intereses de grupo, el patrimonialismo y los poderes fácticos.
Visto el problema desde esa perspectiva no puede ignorarse que el electorado ha enviado una senal contundente en los últimos 10 anos: el así llamado ""gobierno dividido"". Este fenómeno se concreta en la elección del Presidente con menos de la mitad de los votos ciudadanos y un Congreso sin mayoría, ni del partido del Presidente, ni de algún otro.
Este hecho debiera mover a una reflexión central: el pluralismo llegó para quedarse. Quienes piensan que la presencia de más de dos partidos políticos en el sistema electoral tenderá a desvanecerse con el tiempo y que, al final de cuentas, quedarán solamente un partido de ""derecha"" y otro de ""izquierda"" pueden tener razón en su pronóstico. Sin embargo, hoy no hay nada que confirme su presunción y, por consiguiente, carecen de autoridad moral para ""interpretar"" de ese modo la voluntad futura de los electores.
De ahí que, si se toman en serio los resultados electorales de los últimos tiempos, se puede llegar a la obligada conclusión de que México necesita transitar hacia un sistema mixto, que ablande la rigidez del sistema presidencial, para representar efectivamente en la organización del Poder Ejecutivo a la pluralidad política, integrando al gabinete fórmulas de coalición que fuercen a la clase política a tomar acuerdos, a hacer concesiones mutuas, a llegar a fórmulas mixtas que permitan gobernar en representación de la mayoría de los mexicanos. Desde el gobierno de Vicente Fox, pero más agudamente en el de Felipe Calderón, se ha hecho realidad el drástico resultado del sistema presidencial: el perdedor pierde todo. Y cuando el partido perdedor lo fue por medio punto porcentual, resulta aberrante que durante seis anos se gobierne en exclusión y en nombre de una mayoría relativa.
Por eso es necesario un cambio central en el sistema de organización del Poder Ejecutivo e introducir la fórmula de gobierno de gabinete. Si ésta se instaurase, el Presidente enviaría al Congreso a un jefe de gabinete para su ratificación que encabezaría la negociación para integrar un gabinete con miembros de los partidos minoritarios.
Paralelamente, al país le urge un sistema de justicia renovado que responda efectivamente a los requerimientos del ciudadano. La justicia constitucional se ha sesgado hacia los diferendos entre poderes y poderosos; ha descuidado el amparo de los débiles. Esto exige una corrección inmediata. No puede aducirse que se vive en democracia cuando la justicia constitucional no alcanza a los sujetos centrales del Estado: los ciudadanos. Ha sido y es fundamental que el Poder Judicial dirima los conflictos de poder político y económico, pero es igualmente importante que abra sus puertas a la exigencia de justicia ordinaria, que está lejos de alcanzar a quienes legítimamente la reclaman.
Sería un verdadero parto de los montes que dentro de 11 meses el Congreso ofreciera al país una reforma raquítica, producto de la estrechez de los cerriles intereses políticos de quienes prefieren preservar privilegios y abrigan, en cualquier bando, la expectativa de restaurar la farsa de un sistema hegemónico. Esperemos que no sea así. No hay que extraviarse: el motivo central de la reforma del Estado es la reconciliación nacional.
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-Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
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