El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su reporte “¿Cuánto es el gasto burocrático en los estados?”, colocó a Chiapas en el sexto puesto a nivel nacional con 36 mil 276 millones de pesos, como una de las entidades con mayor gasto administrativo ejercicio durante el 2019.
El gasto administrativo o burocrático se refiere a todas aquellas asignaciones de recursos destinados a la compra de bienes y servicios necesarios para ejecutar las funciones de gobierno de manera satisfactoria, explicó el IMCO.
Entre el gasto se contempla el pago de sueldos y salarios, honorarios y prestaciones del personal al servicio del Poder Ejecutivo del estado; la compra de insumos y suministros como artículos de oficina, materiales de limpieza, alimentos y utensilios, medicinas, suministros médicos, uniformes, gasolina y diésel; además, el pago de servicios básicos (agua, luz, gas, internet, telefonía fija y celular, etc.), servicios profesionales, viáticos, publicidad oficial, ceremonias oficiales, entre otros.
En su análisis a nivel nacional, el IMCO destacó que encontró que en los estados existe una mala planeación presupuestal que se traduce en incrementos injustificados del gasto administrativo. Los presupuestos de egresos son una formalidad, la mayori´a de los gobiernos estatales gastan montos distintos a los aprobados.
Chiapas se encuentra por debajo de Puebla con 37 mil 771 millones de pesos; Jalisco con 42 mil 222; Veracruz con 54 mil 497; Estado de México con 71 mil 657; y Ciudad de México con 117 mil 314 mdp.
La entidad, de forma particular, gastó un 6.68 por ciento menos en comparación al año anterior.
Del total de su gasto, el 48 por ciento, es decir, 33 mil 75 millones de pesos fueron destinados a servicios personales entre remuneraciones permanentes, adicionales, seguridad social y otras prestaciones.
Un cuatro por ciento se destina a servicios generales (dos mil 715 mdp) destinados hacia servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios.
Ante ello, recomendaron establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. Si un Gobierno Estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15 %, debe tener la aprobación del Congreso Local.
Además, una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y la supervisión del ejercicio del gasto, que es cumplir su función de contrapeso.
