"En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) circula el borrador de un proyecto que plantearía dejar de investigar 281 mil spots de partidos políticos transmitidos sin registro oficial durante la ríspida campana electoral de 2006. El texto disenado por el magistrado Flavio Galván, de prosperar en ese sentido en la sesión colegiada, representaría una mala senal para la transparencia y la rendición de cuentas propias de una democracia.
Un documento de la Comisión de Fiscalización del IFE explica que, con base en el criterio utilizado en 2003, el partido que rebase el tope de campana sería multado con 40 por ciento del máximo permitido en la elección presidencial, más 2 por ciento por cada punto porcentual de diferencia.
De llegar a aprobarse el proyecto elaborado por el magistrado Galván, los partidos evitarían multas que en conjunto sumarían mil 563 millones de pesos. Esto no debe suceder; no debe cerrarse el tema de los spots pirata, ni abrirse de par en par la puerta a la impunidad de quienes los pasaron debajo del radar.
Expresado en términos coloquiales, dar un simple carpetazo al asunto sería dejar de sancionar a quienes, haciendo uso desmedido de los medios de comunicación, violaron la ley y contribuyeron, entre otras cosas, a radicalizar el ambiente político-social antes, durante y después de los comicios.
Fundamental es recordar que uno de los objetivos de la reforma electoral, aprobada hace poco por el Congreso de la Unión, es sacar el dinero de las campanas políticas. Con esto se busca, por un lado, hacer menos onerosa nuestra democracia y, por el otro, que partidos y candidatos se esfuercen en construir y transmitir plataformas más inteligentes que superen la lógica y la esencia efímera de los comerciales y del dinero necesario para comprarlos.
No podemos pretender que esos spots -paradigma de la forma de hacer política que se quiere dejar atrás- simplemente no existieron, ni permitir que los partidos omitan su responsabilidad ante ellos.
Llegados a este punto cabe efectuar un llamado al resto de los magistrados que integran el pleno del TEPJF a que actúen a tono con el espíritu de las leyes y en línea con la reforma electoral que ayudaría a construir la democracia a la que aspiramos.
Igualmente, cabe preguntarse cuáles son las razones de Flavio Galván para promover tal proyecto. Preocuparía que el otrora presidente del tribunal, quien renunció a su cargo -que no al órgano- en medio de acusaciones de corrupción, por parte de una de sus más cercanas colaboradoras -cuya investigación está en curso-, persiga congraciarse con los primeros beneficiarios de esta resolución: los partidos.
Las reformas electorales, la nuestra incluida, no son definitivas, como apuntó Hwdong Nguyen, funcionario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en una entrevista. La consolidación de la democracia requiere un andar constante. Pero con madruguetes como el que se perfilaría para ""enterrar"" esos spots truncaríamos a la salida la flamante modificación de reglas. (El Universal)
"
