La Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas acompañados por representantes de las 40 organizaciones de la Coordinadora Nacional “Agua para Todas, Agua para la Vida” informó que el Estado mexicano sigue sin garantizar el derecho vital al acceso y saneamiento del agua, en el cual, el estado presenta uno de los panoramas más adversos, peor que en países africanos.
Alma Rosa Rojas, representante de la Plataforma, hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para que conozcan, atiendan e implementen las recomendaciones hechas por el Relator de la Organización de las Naciones Unidas, Leo Heller, pues desde su visita el pasado mayo de 2017 a la fecha, no hay avances.
La Plataforma manifestó su respaldo a la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Agua, la cual ha sido una construcción abierta, participativa, plural, incluyente, de debate profundo, con conocimiento científico y conocimientos de los pueblos originarios.
Contexto
La Plataforma señaló que en Chiapas se cuentan con 142 concesiones mineras a cincuenta años, que abarcan más de un millón 121 mil hectáreas del territorio; el 79 son grandes represas hidroeléctricas y 19 medianas, siendo un total de 98.
Además, se continuará con el cultivo de la palma de aceite que destruye ecosistemas, de las cuales ahora hay alrededor de 200 mil hectáreas y quieren llegar a las 800 mil; donde la presencia de empresas refresqueras generan el otorgamiento de mayor número de concesiones con grandes volúmenes de agua, que propician el incremento de la contaminación y daños a la salud de la población.
Rojas explicó que en esta problemática los órganos judiciales y protectores del agua tampoco han resultado una opción viable, pues se han implementado acciones ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de la República (FGR) y juzgados de distrito y comisiones de derechos humanos que o no han prosperado o han enfrentado una serie de dificultades que lejos de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano, dilatan los procesos con engorrosos trámites y alegatos administrativos.
Consecuencias
Según información de Otros Mundos A.C., la embotelladora Femsa-Coca Cola, cuya concesión iniciara en 1995 y que se renovó hace tres años, extrae alrededor de 1.3 millones de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitpec, en San Cristóbal de Las Casas, donde las comunidades cercanas carecen en extremo del vital líquido.
La extracción que realiza la empresa equivale a 65 mil garrafones de 20 litros al día, este aprovechamiento del vital líquido se realiza en un espacio donde el acceso al agua y su saneamiento se da peor que en varios países africanos, según lo señalado por Leo Heller, relator de las Naciones Unidas para el Derecho al Agua y Saneamiento, en su visita en 2017.
“A unos kilómetros de San Cristóbal de Las Casas, me conmoví al ver cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros, acuden a un charco de agua turbia varias veces al día, para llenar pesadas garrafas de plástico y abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses en el año”, manifestó Heller.
El aprovechamiento de esta agua por medio de una concesión hacia la empresa, además de la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de San Cristóbal, crea una epidemia de diabetes que según la Organización Mundial de la Salud en 2030 será imparable.
Nueva Ley
Representantes de las 40 organizaciones de la Coordinadora Nacional “Agua para Todos, Agua para la Vida” indicaron que la actual Ley de Aguas Nacionales fue impuesta a México en 1992, como condición para entrar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, este acuerdo estableció el acceso a aguas nacionales a través de un sistema de concesiones, objetos de compra-venta, sin tomar en cuenta los derechos comunitarios. A raíz de esto, enormes volúmenes de vital líquido eran entregadas a empresas mineras, embotelladoras y de fracking.
Fue el 8 de febrero de 2012, cuando se logró una reforma constitucional, reconociendo el derecho humano al agua, dentro de sus rubros, y exige contar con una nueva Ley General de Aguas que sentará bases para la participación ciudadana junto con los tres niveles de gobierno, para lograr el acceso equitativo y sustentable del agua.
Sin embargo, Elena Burns, integrante de la coordinadora, explicó que desde 2016, la federación ha destinado el 80 por ciento de sus ingresos para las construcciones de conectores, plantas de tratamiento y saneamiento del agua, en proyectos nacionales, es decir, el Estado sólo destinaba el 20 por ciento de su presupuesto para conducir el agua a los municipios.
Por esto, la Iniciativa Ciudadana reconocería los derechos de los pueblos originarios a decidir sobre las aguas en sus territorios, según sus propias formas de gobierno, en específico, las decisiones sobre concesiones y obras hidráulicas en las cuencas (o sea los territorios en donde confluyen las aguas) estarían en manos de representantes de asambleas territoriales y por sistemas de uso vital: sistemas de agua potable; de riego; afectados por la discriminación y contaminación y el despojo; investigadores y pueblos originarios.
Con esta nueva ley ciudadana del agua, se garantizaría los recursos públicos suficientes e inmediatos para las obras condensadas necesarias, para cumplir con el derecho al acceso continuo y equitativo al agua de calidad. Además, no permitiría nuevos megaproyectos en las ciudades hasta que todos los hogares y escuelas cuenten con acceso continuo al agua de calidad.
Prohibiría el uso del agua para la minería tóxica y el “fracking”, además, exigirá el reciclaje de aguas industriales y cortaría el acceso para contaminadores. También, democratizará los módulos, las unidades y los distritos de riego; exigirá prácticas de cultivo que restauren los suelos; y priorizaría el acceso al agua para la agricultura familiar y comunitaria para el consumo local y nacional.
Además, exigiría que cualquier megaproyecto cuente con un Dictamen de Impacto Sociohídrico, lo que demostraría que no pondrían en riesgo el derecho humano al agua y que cuenta con el consentimiento de la población afectada.
Crearía Contralorías Autónomas del Agua, auto-organizadas desde lo local hasta lo nacional-para vigilar que las autoridades cumplan y hagan cumplir con la normatividad y de los planes consensados; podrán recomendar la remoción de funcionarios que incumplen con el derecho humano al agua.
