Sigue la deuda con la sociedad

El jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, anunció que Francisco Chíguil, delegado en Gustavo A. Madero, pidió licencia, y que espera un reporte de la Comisión de Derechos Humanos local en el marco de secuelas de la malograda operación policiaca en la discoteca New's Divine.

Pero tan aparentemente decisivas como han sido las acciones del gobierno capitalino, que incluyen la destitución de 17 jefes de la policía y posibles acusaciones en su contra, no resuelven una tragedia que dejó 12 de muertes que no debieron ocurrir.

Puede encontrarse todos los culpables necesarios y seguirse la cadena de responsabilidades hasta su última consecuencia, pero el problema no termina ahí. Queda pendiente la existencia de cientos de antros inseguros y la ambigüedad, si no corrupción, en los organismos encargados de vigilarlos.

Positiva como es la reacción de las autoridades capitalinas, queda la sospecha de que Chíguil y los funcionarios sean la parte más delgada de un hilo mayor, que los responsables de otorgar permisos a sitios sin puertas de escape o que expenden alcohol y droga a menores quedan libres aún.

Siempre es bueno hacer renunciar a la parte más visible de la cadena de ineficiencias o corruptelas. Pero a fuerza de sinceridad, sería deseable que hubiera una promesa clara y firme de que las acciones del GDF no acabarán con la recepción la próxima semana del reporte de la comisión que encabeza Emilio Álvarez Icaza o con despidos que dentro de algunos meses se conviertan en reasignaciones.

Los hechos de la discoteca New's Divine son demasiado graves como para permitir que pasen como otro punto más a una historia que ya incluye dramas como el de los 21 muertos en la discoteca Lobohombo, en octubre de 2000.

En una era de transparencia y responsabilidad, el GDF está más obligado que nunca a llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias y dar los pasos necesarios para poner orden, de una vez por todas, en la floreciente industria de giros negros.



Reestructurar el INM

Hace menos de ano y medio, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuna, ofreció un programa de acciones como la construcción de más estaciones de detención de inmigrantes sin registro, en respuesta a un incidente en perjuicio de trabajadores centroamericanos.

El actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourino, anuncia la construcción de una estación migratoria y la colocación de dispositivos de localización satelital en los autobuses de traslado de indocumentados, después de que 33 cubanos y cuatro centroamericanos detenidos desaparecieron en el sureste mexicano y reaparecieron en Estados Unidos.

Vamos de promesa en promesa, antes de que la primera se cumpla. Es evidente la vinculación de los traficantes de personas con los de drogas, armas y dinero, con la indulgencia y el apoyo de gente del INM y de autoridades locales a lo largo de las rutas costeras del crimen organizado, cuya incidencia es mayor aquí que en cualquier otro país de América, según la ONU. Ocupamos el sexto lugar mundial en la materia.

Aún nos limitamos a medidas reactivas. (El Universal)