La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que atraerá el caso de ataque de policías de Chiapas hacia familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, como también hacia el alumnado de la Normal “Mactumatzá”.
El pasado 16 de enero, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” y varios alumnos de la Escuela Normal Mactumactzá fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado.
Al respecto, el Organismo Nacional recibió el 17 y 19 de febrero de este año, las quejas del presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), de representantes del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas AC”, de la organización “Alerta Temprana Red” y del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”.
En ellas denunciaron que, de la agresión de los policías contra esas personas, ocurrida a las 08:30 horas del pasado 16 de enero, resultaron lesionados al menos tres estudiantes, dos madres de familia y una menor de edad.
En el ejercicio de las atribuciones conferidas a la CNDH respecto de la investigación de actos que puedan configurar violaciones a derechos humanos, que por su naturaleza trasciendan el interés de una entidad federativa e incidan en la opinión pública nacional, se acordó ejercer la atracción del expediente radicado en la Comisión de los Derechos Humanos del Chiapas, por lo que este organismo nacional continuará con su investigación.
Este hecho fue condenado por diversos sectores, tales como el gubernamental encabezado por la exministra y secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero. Así como el sector social, con cientos de firmas de activistas y organizaciones.
Inclusive la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), órgano máximo en su rama del continente, recordó al Gobierno de México y Chiapas que las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa mantienen una medida cautelar, en la cual deben ser considerados víctimas y ser tratados acorde.
Respecto a la investigación, las autoridades estatales decidieron averiguar a más de 60 policías antimotines, de los cuales sólo dos fueron detenidos y procesados por abuso de poder, sin que ninguna autoridad que se encuentre dentro de la toma de decisiones fuera juzgada.
Además, la Fiscalía General del Estado dijo que se investiga a los estudiantes normalistas de Mactumatzá y Ayotzinapa, porque cuatro uniformados antimotines fueron también lesionados.
Por último, la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa condenó enérgicamente dichas acciones; al mismo tiempo exigieron el esclarecimiento inmediato y deslinde de responsabilidades de las autoridades locales que participaron en el ataque, así como las sanciones a quienes ordenaron e instrumentaron dichos actos.
