La indignación entre los habitantes del municipio de Salto de Agua ha llegado a su límite debido a una serie de presuntos actos discriminatorios, abusos de poder e incluso un caso de secuestro al interior del Hospital Básico Comunitario del IMSS.
De los anteriores hechos son señalados como responsables la directora del nosocomio, Susana Ivette Morales Magdaleno y el enfermero Jesús Méndez Martínez.
Ambiente de tensión
De acuerdo con versiones de pobladores, el recinto hospitalario ha sido “convertido en zona de guerra”, donde un “cártel de seguridad”, al mando de un ex policía municipal —corrido de la corporación por no cumplir con los requisitos de control y confianza—, mantiene un ambiente de tensión que ha afectado tanto a pacientes como a personal médico.
Uno de los incidentes más graves denunciados es la privación de la libertad de un taxista que trasladaba a una paciente que requería atención médica.
Testigos señalan que el enfermero Jesús Méndez Martínez, ahora “acuerpado por una (…) fuerza de reacción”, habría secuestrado al conductor en momentos en que, de manera paralela, la anestesióloga Ana Bertha era impedida de entrar a su centro de trabajo.
La misma anestesióloga declaró que nunca fue notificada sobre su cese, ordenado por la doctora Morales Magdaleno, quien “en esa su guerra loca y sin mediar notificación alguna para el personal que ella considera que está en su contra, incluyendo algunos especialistas, simplemente ordena a su círculo de seguridad, impedir su entrada”.
Población
La situación ha generado tal descontento que la población ha amenazado con tomar las instalaciones del hospital, ahora convertido —a decir de los denunciantes— en un “búnker de la directora”.
Ante la falta de respuesta de las autoridades competentes para intervenir y destrabar la crisis en el principal centro de salud de la zona, los habitantes exigen la remoción de la directora Susana Ivette Morales Magdaleno, del enfermero Jesús Méndez Martínez y la disolución inmediata del grupo de seguridad privada que opera en el lugar.
Hasta el momento, no se ha pronunciado ni el IMSS estatal ni la Secretaría de Salud sobre las acusaciones. La población espera que las autoridades actúen antes de que la situación escale a consecuencias mayores.
