El contador público Jorge Padilla Argüello, miembro del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, explicó que la vigilancia a la simulación de operaciones que inició el Sistema de Administración Tributaria (SAT) este año, sí podría afectar a empresarios aunque no estén directamente vinculados con la evasión.
Detalló que no es posible simular una operación y que una de las partes no lo sepa; lo que puede ocurrir es que un empresario esté realizando operaciones (reales) con un proveedor, pero este a su vez realice operaciones simuladas con otras personas; por lo que al ser detectada por el SAT será clasificada y anotada en una “lista negra”.
Al estar en el 69B, la “lista negra”, todas sus operaciones son rechazadas en las declaraciones, incluyendo las del empresario que sí eran reales, aun si argumente que ignoraba que su proveedor estaba en ese registro.
Lo más grave es que si esto ocurre, el SAT rechazará las operaciones que se hayan hecho con la empresa desde cinco años atrás, aunque sean reales, cuando ni siquiera estaba en “lista negra” y el empresario no tenía conocimiento.
Indicó que el contribuyente tendrá 30 días para impugnar sus operaciones con el proveedor que fue detectado por el SAT incurriendo en simulación, demostrando que en su caso todo fue real con toda su documentación y no tener problemas con el fisco.
La recomendación es acudir con un buen abogado fiscal si el SAT rechaza su documentación y decide realizar una auditoría; en ese caso el empresario todavía tiene dos recursos más para defenderse, y en su caso, finalizar el proceso en un juicio.
El especialista dijo que las facturas falsas no existen, ya que todas están certificas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que existe es la operación simulada, es decir, llenarla por el pago de un servicio que nunca existió, para deducir esa operación.
La recomendación es no hacerlo por ningún motivo, porque si bien siempre ha sido ilegal, a partir de este año la vigilancia será mucho mayor y con ello las sanciones.
Recordó que se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación. Entre otras cosas señalan prisión preventiva oficiosa cuando se junten tres personas o más en la comisión de un delito, en este caso se necesita que el monto de lo defraudado debe superar los siete millones 804 mil pesos.
