Con base en la información que ofrece la Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de Transparencia Mexicana, a través del proyecto “Susana Vigilancia”, en el estado de Chiapas no se ha instalado ninguna Comisión Especial para la vigilar los gastos públicos que están haciendo las autoridades a consecuencia de la pandemia del Covid-19.
El monitoreo se aplicó en los 32 congresos de los estados, pero también en los organismos legislativos del orden federal, tomando en cuenta la facultad con la que cuentan los diputados para pedir a los funcionarios informes sobre el manejo de la enfermedad.
En las últimas semanas, Transparencia Mexicana se ha sumado a una estrategia que implica un seguimiento a los programas y acciones que están implementando los gobiernos locales que, necesariamente, se relaciona con una erogación de recursos.
A través de la información, se detalla que en Chiapas (en la LXVII Legislatura) hasta el corte del 15 de junio no se había instalado ninguna Comisión Especial y, por lo tanto, no hay objetivos trazados. Lo que sí han hecho los legisladores locales son exhortos a las dependencias de gobierno para procurar el bienestar de la población y para sancionar empresas que aumenten los costos de los productos de la canasta básica y los relacionados a la salud.
El contexto inmediato señala que en la pasada emergencia social que vivió Chiapas (con el terremoto de 8.2 de magnitud), en el recinto legislativo local los diputados sí integraron una Comisión Especial que hizo recorridos por las zonas afectadas para constatar los trabajos y las cifras gubernamentales.
Transparencia Mexicana, con el proyecto Susana Vigilancia, remarcó: “Aunque en materia de la emergencia sanitaria han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales, tras 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos congresos locales, el de Sonora y el de Coahuila, han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con el Covid-19. En el caso de Coahuila, el acuerdo publicado no permite entender con precisión su alcance y objetivos específicos.
Una de las situaciones que se enfatiza en el análisis, es que los legisladores (en cualquier nivel) tienen dentro de sus facultades la de vigilar los trabajos que realicen los funcionarios del poder estatal, sin importar qué partido político gobierne la entidad; incluso, los diputados pueden fiscalizar los gastos que se hagan con o sin emergencia sanitaria.
“Para atender la emergencia sanitaria, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes. Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados”, remarca el pronunciamiento.
En la vigilancia nacional, el reporte indica que ambas Cámaras, la de Senadores y Diputados, tampoco tienen Comisiones Especiales para vigilar la pandemia en todo el país, sólo se tiene pendiente un proceso de fiscalización pero no ha sido aprobado.
Como suele ocurrir en una emergencia sanitaria, los políticos han emitido posturas con relación al tema del coronavirus y que todo el manejo se debe hacer de forma transparente. “La Cámara de Diputados a nivel federal y los congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, remarca Transparencia Mexicana con la estrategia de Susana Vigilancia.