Respecto de la incertidumbre de que si en el mes de febrero o marzo podría moverse el precio al kilogramo de la tortilla, José Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, enfatizó que solo se puede frenar cualquier ajuste si se extiende el pacto federal con las empresas o, sencillamente, que las harineras no hagan ningún cambio en la venta de la tonelada del producto.
“Si no se mueven los precios de la harina podemos mantener los precios a pesar del incremento en refacciones”; incluso, mencionó que a nivel local el 50 % de la elaboración del producto depende de la harina o del maíz.
Salazar Ballinas remarcó: “Con pacto o sin pacto, si la harinera sube, modifica. Creemos que los pactos son para que ya no suba. ¿Qué están pactando?, pues no lo sabemos”.
Dijo que lo que está haciendo el gremio es buscar atención de las autoridades federales, con la intención de implementar alguna propuesta o política pública que permita mantener el precio de una forma más prolongada del alimento.
El líder del sector empresarial recordó que la tortilla es la base para acompañar cualquier otro producto que se consuma, por ello se deben cuidar los factores externos para que no impacten de forma negativa.
Incremento
Como ejemplo de esto, remarcó que en los últimos dos años han tenido una alza de hasta cinco mil pesos por cada tonelada de harina que se compra, y esas modificaciones se han tenido que reflejar en los costos al kilogramo de la tortilla.
En la actualidad, puntualizó Salazar Ballinas, con todo lo que ocurre alrededor de la industria, Chiapas todavía se mantiene como uno de los estados con los precios más bajos en el kilogramo de la tortilla, el cual oscila en 22 pesos. En otras entidades, detalló, por cada mil gramos la población debe desembolsar entre 24 y 28 pesos.
Finalmente, insistió en la necesidad de que la industria sea regulada y que los consumidores tengan la certeza de que a cada tortillería que visitan haya una licencia de funcionamiento, que no se compre gas robado y que se cumpla con las obligaciones fiscales, lo que daría un beneficio para todo el sector, incluyendo a las autoridades.