A unos días de que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias en seis municipios de Chiapas, Ernesto López Hernández, fiscal electoral de la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó que por ahora no han recibido ninguna denuncia formal que haga referencia a la coacción del voto o por acciones que estén fuera de la normatividad.
La responsabilidad que tendrán como institución, dijo, es cuidar que en esas zonas la población pueda emitir el sufragio de forma libre, por eso estarán abiertos para recibir, investigar y sancionar aquellas conductas que se vinculan con la solicitud del voto a cambio de dinero, o por cualquier otra contraprestación que se relacione con despensas, materiales de construcción, etcétera.
Las elecciones extraordinarias en El Parral, Siltepec, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza se derivan de una resolución jurisdiccional a consecuencia de la violencia que se vivió en esos ayuntamientos antes de la jornada ordinaria, también se presentaron anomalías durante y después del proceso electoral del año pasado.
El fiscal electoral recordó que si los ciudadanos son testigos de alguna conducta delictiva, pueden acudir con el Ministerio Público más cercano, con la garantía de cobertura en las zonas que tendrán próximas votaciones en abril. También pueden recibir las quejas en la 2.ª Poniente Norte, número 471, en la capital de Chiapas.
Las penas que se pueden aplicar, dependiendo de la gravedad del problema, pueden oscilar entre seis meses y hasta 11 años de prisión, pero varía si la actividad ilícita la realiza un funcionario, las personas que participan en las candidaturas o si es propiciada por algún ciudadano.
López Hernández apuntó que como delito electoral grave están contemplados aquellos casos donde se usen programas sociales para obtener un beneficio en las elecciones. Fue en el 2019 que se reformó la Constitución para que en esos casos se aplique prisión oficiosa.
Con esto, remarcó, una persona que se vea involucrada en un posible delito electoral con esa agravante, tendrá que enfrentar su juicio en la cárcel hasta que termine todo el juicio.
La materia de delitos electorales no está vinculada con las mismas fechas del proceso que siguen los organismos jurisdiccionales, esto significa que el desahogo de las pruebas no tienen fechas fatales. Como un ejemplo de las votaciones ordinarias de 2021, hay siete asuntos judicializados en juzgados de Pichucalco, Tapachula y Chiapa de Corzo, los cuales siguen su curso en materia penal.