México, en otros tiempos reconocido por su vigorosa defensa de los derechos humanos, es, paradójicamente, causa de seria preocupación en el mundo por el sistemático atropello que se comete aquí a las garantías individuales, y que organismos como Amnistía Internacional (AI) han documentado. Es una vergüenza.
Irene Khan, secretaria general de AI, de visita en México, asegura que la situación en esta materia es tan grave ahora como hace dos anos, cuando nos visitó por última ocasión y recibió promesas oficiales de que varios casos denunciados entonces serían resueltos, sin que esto haya sido así hasta el momento.
Aun cuando la presencia de la promotora social responde a analizar en particular la crítica situación que se vive en Oaxaca, es un hecho que su diagnóstico involucra a las autoridades estatales y federales del país, cuya filiación partidista es heterogénea. El senalamiento revela un hecho tan real como preocupante: que la instauración de la democracia electoral en México no ha sido garantía de respeto a los derechos humanos, lo que da idea del enorme trecho que todavía nos falta por transitar rumbo a un estado de convivencia social civilizado.
Como bien apunta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los cambios electoral-democráticos en el país no han sido suficientes para alentar un desarrollo social, económico y democrático.
Dicho de otra forma, sin derechos humanos no hay democracia plena, por más que haya alternancia electoral. De acuerdo con la Declaración Universal respectiva de la ONU, la seguridad personal, de la vida y de la libertad, y la protección contra torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, contra servidumbre y esclavitud, entre otros, forman parte de un ideal de sociedad del que todavía estamos lejos.
Para Khan, parte del problema radica en el fracaso en la impartición de la justicia de una manera imparcial. El inevitable vicio de la impunidad, a veces auspiciada por el poder político y siempre alimentada por la corrupción.
Además de los marginados, los mexicanos que dedican su vida a la denuncia de las acciones del crimen organizado y los periodistas son los blancos preferidos de los abusadores. En los ocho meses de este gobierno se han iniciado 49 investigaciones por agresiones o amenazas contra periodistas, lo que supera el promedio del sexenio pasado de 45 casos por ano. En más de la tercera parte, la parte acusada o sospechosa son autoridades de diverso nivel de gobierno.
La dificultad de resolver este problema inadmisible brota de inmediato cuando vemos que quienes deben hacer justicia son precisamente quienes cometen las violaciones.
Ahora bien, es preciso combatir con energía, pero dentro del marco legal, este déficit de cuidado de los derechos humanos, porque tampoco se vale amparar en esta justa causa el uso de la violencia o el temor, como pretenden hacer quienes, con petardos como los de antenoche en Oaxaca, dicen buscar remedio a injusticias sociales. Tortura y discriminación no acabarán lanzando cruzadas de sangre y miedo. Sólo el camino civilizatorio es el único que nos llevará al pleno respeto de la dignidad de las personas y, por consecuencia, a mejores estadios democráticos en México. (El Universal).
